Un mayor de la Policía identificado como Iván C.A. fue enviado a prisión preventiva por un mes en el penal de San Pedro de Oruro, tras ser imputado por su presunta implicación en un operativo irregular que facilitó la fuga de cuatro personas acusadas de estafa. Los fugitivos están señalados de defraudar a más de 200 víctimas mediante la promesa engañosa de vender dólares a un precio inferior al mercado.
El Ministerio Público formuló cargos contra el oficial por los delitos de favorecimiento a la evasión, tráfico de influencias y uso indebido de bienes y servicios públicos. Según detalló el fiscal departamental Aldo Morales, evidencias audiovisuales y testimonios indican que el mayor empleó patrullas oficiales y personal bajo su mando para retirar a los sospechosos de un inmueble ubicado en la zona sur de la ciudad. Aunque se argumentó que el traslado era hacia la Felcc, la ruta fue desviada y los implicados fueron liberados en otro punto de la ciudad sin que se iniciara procedimiento legal alguno.
El fiscal Anticorrupción, Richard Gutiérrez, añadió que la intervención fue realizada de manera autónoma por el mayor un día domingo, aprovechando su condición de supervisor. El operativo se llevó a cabo en una vivienda de la avenida España, donde se encontraban los presuntos estafadores que habían engañado a personas con promesas de devolución de dinero en dólares a un precio muy por debajo del mercado.
Durante la acción, el mayor convocó al personal de la unidad operativa Delta para extraer a los acusados y posteriormente dejarlos en la calle Quintana, desde donde huyeron con rumbo desconocido. Hasta ahora, se desconoce el paradero de los cuatro implicados.
En la audiencia cautelar, Iván C.A. optó por guardar silencio, aunque intentó justificar su actuación alegando que cumplía con su función constitucional de proteger los derechos de las personas que, según él, estaban privadas de libertad. No obstante, el juez rechazó esta versión y validó la hipótesis fiscal, ordenando la detención preventiva mientras continúa la investigación.
El fiscal Gutiérrez explicó que la imputación incluye tráfico de influencias, debido a la posición jerárquica del oficial, y uso indebido de bienes y servicios públicos, ya que se emplearon recursos oficiales para facilitar la fuga de particulares. Además, resaltó que el mayor no informó a sus superiores ni registró el hecho en el libro de novedades, actuando de manera irregular según los protocolos policiales.
Asimismo, el fiscal cuestionó la declaración del acusado en redes sociales, donde afirmó que solo intentó rescatar a personas presuntamente secuestradas. Gutiérrez aclaró que, de existir alguna restricción a la libertad de los involucrados, lo procedente habría sido trasladarlos a la Felcc para verificar su situación y formalizar la denuncia, en lugar de liberarlos en la vía pública.
Respecto a la medida cautelar, se explicó que el juez ponderó el derecho del Estado a investigar delitos y la garantía del imputado a la libertad personal. Se subrayó que la detención preventiva no implica una condena anticipada, sino que busca evitar la obstrucción del proceso investigativo. No se descarta que en el futuro se solicite una extensión del plazo o se presente una acusación formal conforme avance la pesquisa.
El Ministerio Público continúa con las diligencias para identificar a todos los involucrados en el operativo y determinar las responsabilidades penales correspondientes. Mientras tanto, las víctimas exigen justicia ante las pérdidas económicas ocasionadas por la estafa millonaria
