El gerente general de Boliviana de Aviación (BoA), Juan José Galvarro, reveló que la aerolínea estatal enfrenta un déficit acumulado de 215 millones de bolivianos entre enero y octubre de este año, desmintiendo las afirmaciones previas de la administración anterior que indicaban un superávit en ese periodo.
Galvarro, quien asumió el cargo en noviembre con el inicio del gobierno de Rodrigo Paz, explicó que aproximadamente la mitad de la flota permanece inactiva debido a la falta de mantenimiento y repuestos. De las 20 aeronaves que posee la empresa, solo 10 están operativas, pese a que se continúa pagando alquiler por todas ellas.
El gerente precisó que la deuda con los propietarios de los aviones asciende a 19 millones de dólares, y sumando los adeudos con los talleres de reparación, el monto total se acerca a los 37 millones de dólares. La planificación inicial contemplaba operar con 12 aeronaves durante el año, pero en noviembre solo se logró volar con ocho, lo que generó retrasos, cancelaciones y el incumplimiento de itinerarios previamente vendidos.
Respecto a la posible privatización de BoA, Galvarro descartó que esta opción forme parte de los planes actuales. En cambio, enfatizó que el Gobierno está orientado a establecer alianzas público-privadas para optimizar el servicio y restaurar la confianza de los usuarios. Señaló que las aeronaves están operando las 24 horas para atender una demanda insatisfecha, con el objetivo de proteger a los pasajeros y ampliar la oferta de vuelos.
El directivo anticipó que en un plazo de cuatro meses la aerolínea podría recuperar entre 15 y 16 aviones, lo que facilitaría un escenario más favorable en términos de eficiencia, puntualidad y calidad en la atención al cliente, encaminando a la empresa hacia la autosostenibilidad.
Por su parte, el especialista en aeronáutica Álvaro Munguía coincidió en que la privatización no es la solución adecuada para BoA, pero sí consideró necesaria una capitalización para asegurar la viabilidad de la compañía. Indicó que este proceso debe ser una política de Estado y ejecutarse en un plazo aproximado de dos meses, con la inclusión de inversión extranjera privada y una administración compartida.
Munguía explicó que la capitalización implica la apertura parcial de las acciones para incorporar un socio estratégico que aporte recursos y gestione la empresa, con el objetivo de mejorar su desempeño. En contraste, la privatización implicaría la venta total de las acciones, lo que significaría la pérdida de propiedad estatal sobre la aerolínea
