La exlegisladora vinculada al Movimiento al Socialismo (MAS), Lidia Patty, permanecerá bajo detención preventiva durante cuatro meses mientras se profundiza la investigación por presuntas irregularidades en proyectos financiados por el Fondo Indígena. Los proyectos en cuestión, enfocados en la producción agrícola de papa y tomate, implicaron una inversión aproximada de un millón de bolivianos.

Esta medida judicial se suma a una serie de casos emblemáticos relacionados con la gestión de recursos públicos en zonas rurales, generando un ambiente de tensión política entre oficialismo y oposición. Previamente a la audiencia cautelar, Patty solicitó una acción de libertad argumentando la supuesta ilegalidad de su detención, recurso que fue rechazado por la justicia en dos instancias, validando los planteamientos del Ministerio Público. La Fiscalía destaca que la exdiputada habría recibido 700.000 bolivianos en una cuenta personal para la ejecución de uno de los proyectos, lo que constituye un indicio relevante para justificar la detención preventiva mientras se revisan documentos y auditorías.

Además del caso agrícola, la investigación se extiende a un proyecto de producción de miel, aprobado en 2010, con un desembolso de 650.000 bolivianos, equivalente al 92% del total presupuestado. Según la Fiscalía, esta iniciativa no se completó en su totalidad, lo que originó una investigación por incumplimiento contractual. En total, Patty está vinculada a ocho proyectos en diferentes comunidades, que habrían generado un perjuicio económico al Estado, con transferencias de fondos que en varios casos habrían sido depositadas en cuentas personales.

Aunque la exdiputada ha presentado documentos que demostrarían la devolución parcial de recursos, la Fiscalía mantiene que existen montos sin justificar, subrayando que solo el proyecto de papa y tomate manejó más de un millón de bolivianos. El Fondo Indígena, creado en 2005 y envuelto en múltiples controversias por proyectos inconclusos, vuelve a estar en el centro del debate público.

Por su parte, la defensa de Patty sostiene que no existe delito alguno y que los recursos asignados en 2010 se destinaron a la construcción de carpas solares para la producción de tomate, beneficiando a ocho comunidades del municipio de Bautista Saavedra. El abogado defensor reconoce la recepción de aproximadamente 650.000 bolivianos en una primera etapa y asegura que las carpas fueron entregadas conforme a informes que reflejan una ejecución presupuestaria del 93% entre 2011 y 2013. Además, atribuye el incumplimiento a la empresa constructora, a la cual Patty denunció en 2012, aunque ese proceso fue archivado sin explicación aparente. La defensa también cuestiona la emisión de un informe de auditoría recién en noviembre de 2025, más de una década después de la ejecución del proyecto, y califica el proceso como politizado, especialmente considerando que las comunidades firmaron actas de conformidad en 2013.

La detención de la exdiputada provocó reacciones en el ámbito político. El expresidente Evo Morales calificó la acción como un abuso de poder y una muestra de revancha política contra una mujer indígena que tuvo un rol destacado en procesos judiciales contra exautoridades. Morales denunció una persecución con tintes raciales y una vulneración de derechos humanos, señalando que este tipo de intervenciones buscan amedrentar a quienes denunciaron atentados contra la democracia tras la crisis política de 2019. Estas declaraciones han intensificado las divisiones internas dentro del MAS, donde la narrativa de persecución política sigue siendo un tema recurrente.

Este caso no solo reactiva un episodio significativo vinculado a la administración del Fondo Indígena, sino que también pone en evidencia las divisiones y disputas narrativas que atraviesan al oficialismo, oscilando entre acusaciones de corrupción y denuncias de persecución política. El proceso judicial está en sus etapas iniciales y, como en ocasiones anteriores, se espera que prolongue la polarización nacional en torno a responsabilidades, omisiones institucionales y diferentes interpretaciones del sistema de justicia

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