Durante el primer mes de gestión, el presidente Rodrigo Paz junto con el ministro de Economía, Gabriel Espinoza, destacaron avances significativos en la situación económica del país. Entre los logros mencionados, resaltaron la reducción en la cotización del dólar, que se mantuvo por debajo de los 10 bolivianos en días recientes, tras la publicación diaria del valor referencial de esta moneda extranjera.
El mandatario también subrayó que desde el inicio de su administración se observó una disminución en las largas filas para abastecer combustible en las estaciones de servicio, un problema que había sido recurrente en el gobierno anterior. En paralelo, el equipo económico anunció la eliminación de cinco impuestos y confirmó que en las próximas semanas se trabajará en flexibilizar el tipo de cambio del dólar.
Otra medida emblemática señalada por Paz fue el cierre del Ministerio de Justicia, argumentando que dicha entidad había sido utilizada como un instrumento de persecución política durante las gestiones anteriores. Asimismo, el gobierno atribuye a su gestión la salida de magistrados que se habían prorrogado sus mandatos de manera irregular, tras la presión ejercida por la Fiscalía.
Rodrigo Paz asumió la presidencia tras ganar el balotaje electoral y tomó posesión en noviembre, en un contexto marcado por una economía deteriorada, con bajas reservas internacionales, inflación, escasez de productos, deuda creciente y un Estado paralizado, según sus propias declaraciones al momento de asumir el mando.
No obstante, a pesar de estos avances iniciales, en las últimas jornadas se reportaron nuevamente largas filas en estaciones de servicio de varias ciudades importantes, debido a la escasez de diésel. Esta situación generó malestar entre los conductores, quienes organizaron bloqueos en carreteras y manifestaron su descontento con consignas que evidencian la falta de combustible. Ante este escenario, el expresidente Evo Morales recordó que el actual mandatario había prometido que no habría escasez desde su asunción.
En el ámbito político, el analista Luis Alberto Ruiz advirtió que la constante referencia del presidente a los errores de gobiernos anteriores podría funcionar como un recurso político limitado, con un efecto temporal estimado en unos 60 días. Según Ruiz, la crisis estatal continúa profundizándose sin respuestas estructurales, lo que genera en la población una percepción de descoordinación interna en el gobierno. Además, destacó que, aunque 30 días no son suficientes para una evaluación definitiva, el propio Ejecutivo ha acelerado su desgaste al enfrentar una realidad distinta a la planteada durante la campaña, lo que habría llevado a incumplimientos en promesas como el cierre efectivo del Ministerio de Justicia, la eliminación de la Aduana y la supresión de las filas en las estaciones de servicio.
Respecto al modelo denominado “Estado tranca”, Ruiz señaló que se trata de una herencia del anterior gobierno y que su superación requiere una reforma estructural profunda, incluyendo modificaciones constitucionales, para evitar un colapso inminente en el país.
Por su parte, el ministro Espinoza indicó que la implementación de la propuesta 50-50, que busca que la mitad de los recursos estatales se distribuyan a las regiones para impulsar la descentralización, no podrá concretarse en 2026, debido a que el presupuesto para ese año ya fue aprobado por la administración anterior. Explicó que este proceso demandará cambios legales y legislativos, y que el Ejecutivo enviará próximamente tres proyectos de ley para modificar la Ley Financiera vigente hasta febrero de 2026.
A pesar de las dificultades presupuestarias, el ministro aseguró que no se suspenderá ningún servicio público y reiteró el compromiso del Gobierno para avanzar en la descentralización y en la recuperación económica del país. Actualmente, más del 80% de los fondos nacionales se concentran en el nivel central, por lo que el plan 50-50 representa un cambio significativo en la distribución de recursos
