Luis Alberto Arce Catacora, exmandatario y antiguo ministro de Economía, fue detenido alrededor de las 15:00 horas en el barrio paceño de Sopocachi, durante un operativo sorpresa realizado por la Policía Boliviana. Tras su aprehensión, fue trasladado en una vagoneta blanca a las instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), específicamente a la División de Corrupción Pública, donde se iniciaron los procedimientos legales correspondientes. Según reportes policiales, Arce no opuso resistencia y mantuvo una actitud tranquila durante el arresto.
La detención fue confirmada públicamente por la exministra de la Presidencia, María Nela Prada, quien a través de un video en redes sociales denunció lo que calificó como un “secuestro” del expresidente. Posteriormente, Prada se presentó en la sede policial para verificar su estado y calificó la captura como una medida arbitraria realizada sin notificación previa, además de expresar su convicción sobre la inocencia de Arce.
Aunque inicialmente no se revelaron las causas de la detención, se confirmó que el exmandatario está siendo investigado por presuntas irregularidades relacionadas con el Fondo Indígena (Fondioc), caso que ha generado múltiples denuncias y procesos judiciales durante más de diez años. Entre los investigados figura la exdiputada Lidia Patty, quien admitió haber recibido fondos del Fondo en una cuenta personal para ejecutar proyectos en diversas comunidades. Su defensa sostiene que existía una resolución ministerial que autorizaba este procedimiento y que se presentaron los descargos correspondientes.
La orden de aprehensión, firmada por el fiscal Miguel Ángel Cardozo, señala que Arce habría promovido la ejecución de proyectos mediante transferencias público-privadas que no cumplían con la normativa vigente. La Fiscalía acusa que estas acciones podrían constituir delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. Entre los casos mencionados está la aprobación de un proyecto presentado por Patty en 2010, que recibió un monto de Bs 669.876 para la construcción de invernaderos en la provincia Bautista Saavedra, pese a que el expediente presentaba observaciones técnicas, documentación incompleta y deficiencias en los listados de beneficiarios.
En horas de la noche, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, informó que la detención obedeció a una instrucción del presidente Rodrigo Paz Pereira con el propósito de intensificar la lucha contra la corrupción. El ministro destacó que el daño económico en este caso asciende a 360 millones de bolivianos. Además, aclaró que debido a que los hechos investigados ocurrieron durante el periodo en que Arce fue ministro, el proceso corresponde a un juicio penal ordinario y no a un juicio de responsabilidades.
El abogado Eduardo León, quien impulsó la investigación inicial, indicó que Arce permanece detenido en celdas judiciales y será imputado en las próximas horas. León señaló que el exministro de Economía autorizó desembolsos de dinero público a cuentas privadas y que esta situación no está vinculada a su gestión presidencial, sino a decisiones tomadas antes de asumir la presidencia.
Diversos parlamentarios manifestaron sus opiniones respecto a la detención. El senador Branko Marinkovic afirmó que no se trata de una venganza política, sino de una muestra del compromiso de Bolivia con la justicia. La diputada Estibaliz Bravo aseguró que la justicia está actuando sin impunidad. Otros legisladores hicieron un llamado a respetar el debido proceso, aunque coincidieron en la necesidad de investigar a fondo los hechos.
El caso Fondo Indígena salió a la luz entre 2014 y 2015, luego de informes de la Contraloría que detectaron irregularidades en más de un centenar de proyectos financiados con recursos del IDH y posibles transferencias a cuentas personales.
La detención de Arce se produjo 33 días después de dejar el cargo presidencial y enfrenta diversas acusaciones derivadas de este proceso
