El Ministerio Público solicitó la detención preventiva por tres meses del expresidente y exministro de Economía Luis Arce Catacora en el penal de Qhalauma, ubicado en Viacha, en el marco de una imputación formal por presunta malversación de fondos, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica vinculada al caso del Fondo Indígena. Este caso representa uno de los mayores escándalos de corrupción durante la gestión del Movimiento al Socialismo (MAS).
La Fiscalía expuso ante un juez anticorrupción que existen riesgos de fuga y posibles obstrucciones a la investigación, además de contar con indicios suficientes que vinculan al exmandatario en decisiones que habrían facilitado el desvío irregular de recursos públicos. La audiencia cautelar para definir su situación será programada en las próximas horas.
Durante la noche, Arce permaneció bajo custodia en las instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), donde recibió la visita de su esposa, familiares, representantes de la Defensoría del Pueblo y técnicos del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF).
El documento de imputación señala que, en su calidad de miembro del Directorio del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino y Agropecuario (Fondioc), Arce habría sugerido, promovido y autorizado la transferencia irregular de fondos públicos hacia cuentas particulares, contraviniendo las normativas que regulan el fondo. Además, durante su declaración informativa, el exmandatario optó por acogerse a su derecho al silencio.
Según la Fiscalía, el exministro habría aprobado proyectos con documentación incompleta, avalado transferencias fuera del marco legal y permitido la ejecución de iniciativas con observaciones técnicas pendientes.
Un punto clave en la acusación es la aprobación del proyecto presentado por la entonces dirigente campesina Lidia Patty Mullisaca, quien en 2010 recibió un desembolso de Bs 669.876 para la construcción de invernaderos en la provincia Bautista Saavedra. La Fiscalía sostiene que este proyecto fue aprobado pese a contar con observaciones, listados dudosos de beneficiarios y documentación incompleta, y que el dinero fue transferido directamente a la cuenta personal de Patty, actualmente detenida en el penal de Obrajes.
Además, el expediente indica que durante una sesión del directorio realizada en Tarija en noviembre de 2009, Arce habría manifestado que los proyectos no incluidos en la Ley Financial podrían ser ejecutados posteriormente, lo que habría facilitado la desviación de recursos.
La Fiscalía anunció que solicitará la declaración de 24 personas consideradas clave en este caso, entre ellas la exministra de Desarrollo Rural Nemesia Achacollo, la excónsul de Bolivia en Puno, Felipa Huanca, y otras exautoridades vinculadas al Gobierno del MAS.
El pedido de tres meses de detención preventiva para Arce responde a la necesidad de realizar actos investigativos adicionales, como inspecciones técnicas oculares, registros en los lugares relacionados, declaraciones de otros sindicados y otras diligencias destinadas a esclarecer los hechos.
Por su parte, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, informó que la investigación apunta a un daño económico que supera los Bs 360 millones, aunque estimaciones preliminares en casos conexos elevan la cifra a más de 700 millones de dólares. El ministro enfatizó que la aprehensión del expresidente responde a una directriz presidencial para intensificar la lucha contra la corrupción y esclarecer el manejo del Fondo Indígena durante la administración del MAS.
El caso del Fondo Indígena, inicialmente revelado por el fallecido exdirector Marco Antonio Aramayo, vuelve a ocupar un lugar central en la agenda nacional, esta vez con un expresidente enfrentando cargos relacionados con uno de los escándalos de corrupción más significativos del país
