Antes de reanudar el recorrido, un conductor de minibús que opera entre el macrodistrito San Antonio, el centro de la ciudad y la ladera oeste, informó a los pasajeros sobre la tarifa del pasaje. Explicó que, aunque sus dirigentes proponían cobrar entre Bs 4,50 y Bs 5, él y varios colegas consideraban que no era justo y optaban por cobrar Bs 3,50. Mostró un documento oficial con el sello de su sindicato, lo guardó en la guantera y preguntó a los pasajeros si estaban de acuerdo con la tarifa. La respuesta fue inmediata y unánime: aceptaron pagar Bs 3,50, y el viaje prosiguió sin inconvenientes.
La decisión del presidente Rodrigo Paz de eliminar la subvención a los combustibles, como la gasolina y el diésel, generó inicialmente una reacción de sorpresa y preocupación entre la ciudadanía. Numerosas personas acudieron a las estaciones de servicio para llenar sus tanques ante el temor de un aumento inmediato en los precios del combustible.
Desde temprano, los dirigentes del sector transporte emitieron advertencias al Gobierno, establecieron plazos para que se derogue el Decreto Supremo 5503 y anunciaron posibles paros, bloqueos y una huelga indefinida en caso de que la subvención no fuera restablecida. A estas protestas se sumaron otros sectores sociales, como la Central Obrera Boliviana (COB), trabajadores mineros, organizaciones sociales de El Alto, panificadores y gremiales, quienes rechazaron lo que denominaron un “gasolinazo” y alertaron sobre una escalada de movilizaciones. Incluso, miembros de la Central Obrera Regional de El Alto llevaron a cabo una marcha exigiendo la renuncia del presidente.
No obstante, el ambiente en las calles mostró una reacción más moderada. Un recorrido por diferentes zonas evidenció que, pese a la preocupación reflejada en los rostros, predominaba una actitud de aceptación resignada, como si se tratara de una noticia adversa esperada y asumida sin alternativas. Algunos pasajeros expresaron que la eliminación de la subvención era algo inevitable y que, aunque difícil, era preferible enfrentar la situación de manera directa.
En las paradas de transporte público, se observó un acuerdo tácito entre choferes y usuarios para mantener el pasaje en Bs 3,50, evitando incrementos mayores. Esta actitud reflejaba la resignación ante los primeros efectos de un escenario sin subsidios.
Paralelamente, una parte significativa de la población se dirigió a mercados y centros de abastecimiento, generando filas para comprar productos básicos como arroz, azúcar, harina, aceite y fideos. Esto obedeció tanto al temor de un aumento en los precios como a la anticipación de posibles bloqueos que pudieran afectar el suministro de alimentos.
Desde el Gobierno, se reconoció que estas reacciones eran previsibles y se admitió que la medida impactaría en el costo de vida. Sin embargo, se confía en que, tras el impacto inicial, la situación se estabilice. Además, se hizo un llamado a la población para evitar el pánico y a los comerciantes para que no aprovechen la coyuntura para aplicar precios abusivos
