Alrededor de 600 familias se vieron gravemente afectadas durante la madrugada del sábado debido a la crecida de un río local, según informó el alcalde de Guanay, Víctor Ticona. El funcionario atribuyó la situación a la autorización otorgada por 11 organizaciones territoriales de base (OTB) para la realización de actividades mineras ilegales dentro del área urbana, lo que debilitó las defensas naturales contra las inundaciones.
El alcalde explicó que estas OTB permitieron la explotación aurífera en zonas urbanas, lo que provocó el bloqueo de un canal natural de desagüe del río, desencadenando el desborde. En el Sector 4, aproximadamente 300 familias resultaron afectadas de manera directa, mientras que el total de damnificados asciende a unas 600 familias que perdieron sus pertenencias. Hasta las primeras horas de la mañana, las calles permanecían anegadas con niveles de agua que alcanzaban hasta un metro y medio.
Imágenes captadas durante la emergencia muestran a los residentes evacuando sus hogares y comercios con las pocas pertenencias que lograron rescatar. El Sector 4 fue la zona más perjudicada, donde además se registró un corte en el suministro eléctrico. Al amanecer, varias calles permanecían convertidas en lagunas, mientras que otras áreas estaban cubiertas por lodo y residuos.
El desborde del río Tipuani, que suele ocurrir durante los meses de febrero y marzo debido a las lluvias intensas, se agravó este año por la minería ilegal que ha debilitado las defensas naturales, explicó el alcalde. Afortunadamente, hasta el momento no se han reportado víctimas fatales.
En el municipio vecino de Tipuani, las inundaciones iniciadas el jueves afectaron a unas 150 familias, tanto en la cabecera municipal como en la comunidad de La Rinconada, donde 30 viviendas fueron destruidas. Vecinos y dirigentes comunitarios señalaron que las causas del desborde están vinculadas a las actividades mineras realizadas por cooperativas que operan en sectores no autorizados y que estarían vinculadas a empresarios de nacionalidad china.
La asambleísta departamental Samanta Coronado corroboró estas denuncias y señaló que entre las principales irregularidades se encuentran la falta de reposición de suelos y la descarga de desechos directamente en el río, lo que ha elevado el lecho hasta 10 metros por encima del nivel del pueblo, según evidencias fotográficas desde zonas altas del municipio.
Habitantes afectados denunciaron la falta de respuesta por parte de las autoridades locales, en particular del alcalde de Tipuani, Fernando Vera, a quien acusan de tener intereses económicos compartidos con las cooperativas mineras. Los vecinos reclaman apoyo en las labores de drenaje y solicitan la intervención urgente de la Gobernación y Defensa Civil para atender la emergencia.
Esta situación pone en evidencia la vulnerabilidad de las comunidades ante las actividades mineras ilegales y la necesidad de implementar medidas efectivas para proteger a la población y preservar los recursos naturales
