El Gobierno actual ha identificado responsabilidades en exfuncionarios de al menos cinco entidades que formaron parte de un esquema de avales financieros, el cual permitió que diversas empresas públicas incrementaran su endeudamiento, postergaran pagos y recibieran transferencias del Tesoro General del Estado (TGN) sin realizar estudios previos de factibilidad. Este mecanismo involucra a los ministerios de Economía, Desarrollo Productivo, Minería e Hidrocarburos, así como al Banco Central de Bolivia.
Según el viceministro de Coordinación de la Gestión Pública, Julio Linares, estas instituciones conformaron un círculo que manejó de manera irresponsable la administración de las empresas públicas. El Ministerio de Economía aprobaba la extensión de los periodos de gracia para el pago de deudas al Banco Central, mientras que el Gobierno central asumía las obligaciones financieras mediante transferencias que funcionaban como un salvataje. Linares enfatizó que no existían estudios de mercado ni de factibilidad que respaldaran los proyectos avalados.
El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, presentó un informe en el que se detalla que, de las 67 empresas públicas creadas durante los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS), solo tres muestran rentabilidad: Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) y la Corporación Minera de Bolivia (Comibol). En total, se invirtieron 53.945 millones de bolivianos, equivalentes a aproximadamente 7.750 millones de dólares, provenientes de las reservas internacionales. Sin embargo, solo se ha recuperado el 18% de esta inversión en 19 años, dejando alrededor de 6.000 millones de dólares que probablemente no serán recuperados.
El diagnóstico oficial señala que este modelo permitió sostener empresas públicas inviables, aumentando su dependencia de recursos fiscales y causando un daño económico considerable al Estado. Linares indicó que muchas de las transferencias realizadas desde el TGN, presentadas como aportes de capital, en realidad se utilizaron para cubrir gastos operativos que las empresas ya no podían afrontar.
A lo largo de los años, al menos treinta autoridades han ocupado cargos en las instituciones involucradas. Desde 2006, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas ha contado con varios titulares, incluyendo a Luis Arce Catacora, Mario Guillén Suárez y Marcelo Montenegro Gómez. En el Ministerio de Desarrollo Productivo, se han sucedido figuras como Antonia Rodríguez Medrano, Ana Teresa Morales, Verónica Ramos, Eugenio Rojas, Nélida Sifuentes, Néstor Huanca Chura y Zenón Mamani Ticona. La cartera de Minería y Metalurgia también ha tenido diversos ministros, entre ellos Luis Alberto Echazú, César Navarro, Ramiro Villavicencio Niño de Guzmán, Marcelino Quispe y Alejandro Santos.
El Ministerio de Hidrocarburos experimentó frecuentes cambios en su dirección, con titulares como Andrés Soliz Rada, Carlos Villegas, Saúl Ávalos, Óscar Coca, Luis Fernando Vincenti, José Luis Gutiérrez, Juan José Sosa, Luis Alberto Sánchez, Franklin Molina Ortiz y Alejandro Gallardo. En cuanto al Banco Central de Bolivia, presidido por Raúl Garrón, Gabriel Loza Tellería, Marcelo Zabalaga, Pablo Ramos y Edwin Rojas en distintos periodos, también ha sido parte del análisis.
Actualmente, el Gobierno realiza un estudio detallado de cada empresa para determinar responsabilidades y evaluar las medidas a tomar. La Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP) será la encargada de proponer acciones específicas, que serán revisadas por el presidente y los ministros. Linares señaló que ya se observan indicios de mala gestión, daño económico y posibles actos de corrupción.
Un desafío importante para la reestructuración de las empresas públicas es el denominado “blindaje jurídico”, que dificulta la toma de decisiones y la implementación de cambios. El ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Aguas, Óscar Mario Justiniano, explicó que este entramado legal, compuesto por leyes, decretos y normativas, requiere un trabajo jurídico especializado para evitar que las decisiones administrativas sean objeto de demandas contra quienes las ejecutan. Además, este blindaje limita la creación de asociaciones público-privadas, ya que el Estado mantiene el control mayoritario y la administración, mientras que los privados carecen de garantías para proteger sus inversiones.
El análisis de cada empresa es fundamental, dado que no todas cuentan con el mismo marco jurídico, por lo que podría ser necesaria la intervención de la Asamblea Legislativa para modificar la situación actual.
En cuanto al presupuesto, durante la última gestión presidencial, las empresas públicas concentraron más del 20% del gasto estatal, equivalente a 95.159 millones de bolivianos. Sin embargo, la ejecución promedio en los primeros siete meses del año fue solo del 38,67%. Algunas empresas estratégicas mostraron niveles de ejecución especialmente bajos: la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) alcanzó apenas un 4,76% de ejecución sobre un presupuesto de 1.145 millones de bolivianos; Yacana, dedicada a la industrialización de productos derivados de la fibra de camélidos, ejecutó solo un 5,79%; Servicios Aéreos Bolivianos (Esabol), que opera en transporte aéreo, llegó al 8,61%; y la Empresa Boliviana de Producción Agropecuaria registró un 9,30% de ejecución presupuestaria. Estos datos reflejan la limitada capacidad operativa y financiera de varias empresas públicas en el país
