Dos miembros de la Asamblea Departamental de Cochabamba presentaron ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto Supremo 5503, emitido por el presidente Rodrigo Paz, el cual elimina la subvención a los carburantes. La acción legal busca que se declare la nulidad de esta norma, argumentando que contraviene varios preceptos de la Constitución Política del Estado (CPE).
Los asambleístas Juan Carlos Irahola y Nelly Pinto fundamentaron su reclamo en el artículo 410 de la CPE, que establece la supremacía de la Constitución y prohíbe que cualquier decreto tenga rango superior a la Carta Magna, especialmente cuando se afectan derechos fundamentales. Irahola señaló que el decreto en cuestión vulnera esta disposición y recordó que ninguna norma puede prevalecer sobre la Constitución.
Además, el legislador advirtió que la permanencia de este decreto podría sentar un precedente preocupante, ya que permitiría al Ejecutivo realizar contratos, ceder recursos naturales a empresas transnacionales o contraer créditos sin contar con la autorización previa de la Asamblea Legislativa Plurinacional. En particular, cuestionó el procedimiento de “fast track” contemplado en el decreto, que habilita al Ejecutivo a avanzar en operaciones financieras si el Legislativo no se pronuncia en un plazo de 30 días, situación que contraviene el artículo 322 y otros preceptos constitucionales que exigen la aprobación legislativa para tales actos.
Los asambleístas solicitaron al TCP que declare la inconstitucionalidad y deje sin efecto los artículos del decreto que vulneran la Constitución. En la presentación de esta acción legal estuvieron acompañados por el concejal Rodolfo Avilés, quien manifestó su respaldo a la iniciativa. La medida se produce en un contexto de rechazo social hacia el decreto, expresado por sectores como la Central Obrera Boliviana, que mantiene movilizaciones en diversas regiones del país
