El mes de diciembre de 2025 marcó un cambio significativo en la política energética y fiscal del país con la eliminación de un subsidio que había estado vigente por más de dos décadas. A través del Decreto Supremo 5503, el gobierno decidió poner fin a la subvención estatal sobre los combustibles, una medida que impacta profundamente el mercado interno y las finanzas públicas.
Durante años, el Estado adquiría combustibles a precios internacionales para luego venderlos a un costo considerablemente menor a los consumidores locales, manteniendo así uno de los combustibles más baratos de la región. Hasta finales de 2025, el diésel y la gasolina especial se comercializaban a precios congelados de Bs 3,72 y Bs 3,74 por litro, respectivamente. Con la eliminación de la subvención, los precios se ajustaron notablemente, alcanzando Bs 6,96 por litro para la gasolina especial, Bs 9,80 para el diésel y hasta Bs 11 para la gasolina premium. Estos incrementos representan un alza del 86% en la gasolina y más del 160% en el diésel en comparación con los precios anteriores.
Esta decisión responde en gran medida a la crisis cambiaria y económica que se manifestó desde 2024, cuando la escasez de dólares comenzó a limitar la capacidad del Estado para importar combustible. La reducción de reservas internacionales y la insuficiente oferta de divisas en el mercado formal provocaron la proliferación de un mercado paralelo en el que el dólar llegó a cotizar hasta Bs 20, muy por encima del tipo de cambio oficial mantenido entre Bs 6,86 y Bs 6,96. Esta disparidad generó presiones inflacionarias y complicó las operaciones comerciales en dólares, afectando directamente a importadores y a la disponibilidad de combustibles.
La falta de diésel tuvo repercusiones tangibles en diversos sectores. El transporte interdepartamental disminuyó sus frecuencias, el transporte de carga sufrió retrasos y el sector agrícola enfrentó mayores costos y pérdidas de productividad debido a la dependencia del combustible para maquinaria y logística. Asimismo, industrias que utilizan motores a diésel y servicios de transporte pesado experimentaron una reducción significativa en sus operaciones, mientras que las tarifas de flete se incrementaron notablemente. La escasez también generó largas filas en estaciones de servicio y protestas de gremios vinculados al transporte.
Durante este periodo, la empresa estatal encargada del sector petrolero negó repetidamente la existencia de escasez, atribuyendo los problemas a factores externos como bloqueos y dificultades logísticas. Sin embargo, la falta de aprobación de créditos por parte de la Asamblea Legislativa para financiar la importación de combustibles agravó la situación. La administración anterior responsabilizó al órgano legislativo por la falta de recursos, mientras que la incapacidad de la estatal petrolera para gestionar la crisis contribuyó a un escenario complicado que la nueva gestión tuvo que enfrentar.
La eliminación del subsidio fue anunciada en la segunda quincena de diciembre, justo antes de las festividades navideñas. El gobierno actual explicó que no era viable un ajuste gradual debido a la falta de recursos para sostener la subvención, a pesar de las protestas iniciales de sectores como mineros y transportistas, cuyos reclamos continuarán desarrollándose en el siguiente año.
Paralelamente, durante 2025, la inflación en alimentos experimentó un aumento considerable, impactando directamente el poder adquisitivo de la población. El Instituto Nacional de Estadística reportó una inflación acumulada cercana al 19,7% hasta noviembre, con los alimentos y bebidas no alcohólicas como los principales impulsores del incremento. La inflación específica en alimentos superó el 30% interanual, afectando productos básicos como plátano, leche en polvo, huevos, arroz y haba verde.
La Defensoría del Pueblo registró que la canasta básica alimentaria aumentó entre un 19% y más del 30% en diferentes ciudades durante los primeros diez meses del año, reflejando un encarecimiento sostenido en la alimentación para hogares de diversos niveles socioeconómicos. Entre las causas de esta escalada se encuentran la especulación de precios, interrupciones en la cadena logística debido a bloqueos y la presión inflacionaria general, que generaron aumentos sucesivos en los precios de los alimentos, incluso cuando las variaciones mensuales del Índice de Precios al Consumidor mostraron cierta moderación.
Las perspectivas para 2026 apuntan a una posible desaceleración en el ritmo de incremento de precios, aunque esta mejora dependerá de factores como el aumento en la producción nacional y la estabilidad económica general
