Durante el transcurso del año, el sistema de salud pública enfrentó una serie de paros que sumaron casi 90 días, generando un impacto negativo significativo en miles de pacientes que dependen de la atención hospitalaria. Estas interrupciones prolongadas provocaron demoras en tratamientos médicos y aumentaron la incertidumbre entre quienes requieren atención constante.
En las entradas de los centros hospitalarios, la decepción era palpable, con pacientes encontrándose con avisos que anunciaban nuevas huelgas y la suspensión de servicios. Las protestas fueron impulsadas por trabajadores, profesionales y médicos que reclamaban el pago de salarios atrasados, bonos, la renovación de contratos y la solución a diversas problemáticas laborales, dirigidas tanto a autoridades municipales como departamentales y nacionales.
La frecuencia de los paros se mantuvo alta durante el año, con episodios consecutivos que dificultaron la normal prestación de servicios. En particular, durante la segunda semana de diciembre, distintas agrupaciones del sector salud convocaron a huelgas simultáneas, generando cuatro días consecutivos sin atención en consulta externa ni otros servicios programados.
Para los pacientes, cada día de paro implicó no solo la pérdida de una cita médica, sino también la necesidad de reiniciar el proceso para obtener atención, enfrentando largas filas y la incertidumbre de esperar semanas adicionales para ser atendidos. La falta de acceso a consultas afectó no solo la salud física de las personas, sino también su tranquilidad y calidad de vida.
El registro anual muestra que en enero se contabilizaron 14 días de paro, seguidos por ocho en febrero y dos en marzo. Abril presentó 11 días de huelga, mientras que junio y julio sumaron tres y 11 días respectivamente. Agosto fue el mes con mayor impacto, con 24 días sin servicios, seguido por un día en septiembre. En los últimos meses, octubre acumuló siete jornadas de paro, noviembre cuatro y hasta la segunda semana de diciembre se registraron otros cuatro días de interrupciones.
Estas constantes suspensiones en la atención médica pública evidencian la necesidad de encontrar soluciones que garanticen la continuidad de los servicios y eviten que la población siga enfrentando dificultades para acceder a cuidados esenciales
