El año 2026 se perfila como un período crucial para los senadores y diputados, quienes enfrentan retos que trascienden las diferencias con el vicepresidente y presidente de la Asamblea Legislativa, Edmand Lara. Un Decreto Supremo, aunque vigente, no basta para modificar el modelo económico vigente, según coinciden varios legisladores que abogan por una transformación integral en las normativas económicas, sociales y judiciales del país, complementada con una reforma constitucional.
Desde la Asamblea Legislativa se plantean dos caminos para avanzar en este propósito. El primero implica que Edmand Lara asuma plenamente su papel como presidente, liderando los cambios estructurales y promoviendo el diálogo entre las diferentes fuerzas políticas, dejando de lado posturas confrontativas. De no ser así, se espera que las bancadas actúen como un cuerpo colegiado, fortaleciendo la institucionalidad para que tanto el Senado como la Cámara de Diputados puedan cumplir sus funciones legislativas y de fiscalización de manera autónoma, sin depender de la convocatoria del presidente de la Asamblea.
Diversos parlamentarios con amplia trayectoria en diferentes bancadas coinciden en que 2026 será un año decisivo para establecer nuevas reglas que permitan reformar las leyes estructurales que sustentan el modelo económico social comunitario y productivo vigente durante casi dos décadas bajo los gobiernos anteriores.
El senador José Manuel Ormachea enfatiza la necesidad de detener el deterioro económico mediante un paquete de reformas normativas que reactiven la economía interna y brinden seguridad jurídica para las inversiones. Entre las modificaciones prioritarias menciona la ley del agro, la ley de minería, la ley de inversiones, el Código Tributario y una nueva legislación sobre recursos evaporíticos. Según Ormachea, estos cambios podrían concretarse si el Legislativo mantiene una línea de acuerdos, tal como ocurrió en la elección de vocales del Tribunal Supremo Electoral.
Por su parte, la diputada Cecilia Requena subraya la importancia de iniciar un proceso de reforma parcial de la Constitución Política del Estado para abordar transformaciones estructurales que incluyen la transición energética y la selección de magistrados del Órgano Judicial. Además, destaca que la Asamblea debe fortalecer su función fiscalizadora, especialmente en la protección ambiental. Requena califica este periodo como el cierre de un ciclo y el comienzo de otro, anticipando un año sumamente exigente para los actores políticos y legisladores.
Respecto al liderazgo de Edmand Lara, Requena lamenta que hasta ahora no haya demostrado la capacidad para construir consensos, aunque confía en que pueda modificar su actitud. En caso contrario, señala que la Asamblea cuenta con mecanismos para avanzar sin su respaldo, recordando precedentes como la elección de vocales del Tribunal Supremo Electoral.
El diputado José Luis Porcel añade que también es fundamental que el Ejecutivo envíe proyectos de ley claros para evitar bloqueos en las cámaras y la necesidad de resolver temas en sesiones plenarias. Porcel considera que 2026 es un año clave para establecer bases sólidas que garanticen la inversión extranjera y nacional en proyectos de desarrollo alternativo.
Ormachea advierte que si persiste la división entre el presidente de la Asamblea y el vicepresidente, quien recientemente se declaró opositor al gobierno y apoyó protestas sindicales, este distanciamiento podría obstaculizar el trabajo legislativo. Reconoce que la relación es recíproca y que ambos actores se necesitan: el vicepresidente para aprobar reformas estructurales y el presidente de la Asamblea para cumplir su rol como segundo en el Estado. Sin embargo, en los primeros meses de gobierno, no se ha evidenciado coordinación entre ambos en los anuncios oficiales
