La situación legal del exgerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) se complicó tras la ejecución de dos de las cuatro órdenes de aprehensión en su contra. Según informó el fiscal departamental de La Paz, Carlos Torrez, existen siete procesos abiertos relacionados con presuntos actos de corrupción en los que el exfuncionario habría involucrado a familiares y colaboradores cercanos.
Durante su traslado desde la Fiscalía hasta las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en La Paz, el exgerente expresó confianza en el sistema judicial y aseguró contar con todos los descargos necesarios para su defensa. Sin embargo, optó por no referirse a su esposa, quien fue detenida tras su fuga.
Los procedimientos judiciales incluyen el caso vinculado a la Planta Procesadora de papa en El Alto, identificado con el Código Único del Caso (CUD) 201102012506206, además de otros seis procesos por delitos como incumplimiento de deberes, malversación, conducta antieconómica, contratos perjudiciales para el Estado, enriquecimiento ilícito y nombramientos ilegales. Estas investigaciones abarcan irregularidades en la implementación de plantas procesadoras en diversas regiones, alquileres con sobreprecio de maquinaria agrícola, daños en cultivos y un patrimonio que supera los ingresos legales declarados por el imputado.
Ante la gravedad de las imputaciones y el riesgo de fuga, la Fiscalía solicitó al juez revocar la detención domiciliaria otorgada previamente y ordenar la prisión preventiva por cuatro meses en la cárcel de San Pedro. En los próximos días se tienen previstas audiencias cautelares para resolver sobre las medidas coercitivas en los distintos casos.
El exgerente asumió el cargo en Emapa después de perder las elecciones a la Gobernación de La Paz en 2021, campaña que estuvo vinculada a un grupo parapolicial del Movimiento al Socialismo (MAS) conocido como Columna Sur. Este colectivo, que operaba desde el Ministerio de Gobierno, fue dirigido en su momento por Marco Antonio Cuentas, quien posteriormente fue designado como director de Régimen Interior y estuvo implicado en labores de inteligencia durante conflictos sociales.
El exfuncionario permaneció prófugo desde noviembre, tras violar la detención domiciliaria que se le había concedido, a pesar de que la Fiscalía había advertido sobre el riesgo de fuga. Fue capturado por el fiscal Johan Muñoz en una calle cercana a la Fiscalía, luego de varios meses de búsqueda. Aunque Flores afirmó haberse presentado voluntariamente, no contaba con abogado en ese momento; su defensa fue asumida posteriormente por un profesional contratado el mismo día de la aprehensión.
Paralelamente, los padres de su esposa fueron citados para declarar como sindicados en relación con las investigaciones, que también incluyen a otras cinco personas, entre ellas exfuncionarios y familiares. La Fiscalía detectó inconsistencias en el origen de los fondos del exgerente, especialmente en depósitos que superan sus ingresos legales y en la adquisición de un inmueble a un precio simbólico, supuestamente facilitado por sus suegros, versión que contradicen documentos oficiales.
En cuanto al caso de la Planta Procesadora, se identificaron modificaciones contractuales sospechosas y la construcción se realizó en un terreno que no pertenecía a la empresa, lo que agrava las irregularidades. Se espera la declaración de alrededor de 40 testigos, quienes podrían estar expuestos a presiones si el imputado permanece en libertad.
Tras su captura, el exgerente pasó la noche en celdas de la Felcc y está programada su audiencia ante un juez para definir si continuará con detención domiciliaria o será enviado a prisión preventiva durante el desarrollo de las investigaciones
