La reciente Resolución Ministerial 0001/2026, que establece las directrices para la gestión escolar del presente año, introduce cambios significativos en el sistema educativo que deben ser acatados por todas las instituciones educativas, incluyendo las fiscales, de convenio y privadas. La responsabilidad de garantizar el cumplimiento recae en los directores de cada establecimiento.
Entre las novedades más destacadas, se encuentra la prohibición total del uso de teléfonos celulares dentro de las unidades educativas, tanto para estudiantes como para docentes, con el fin de promover el uso de computadoras exclusivamente con fines académicos.
En cuanto a la educación inicial, se ha modificado la edad mínima para el ingreso a pre-kínder, estableciéndose que los niños deben haber cumplido cuatro años antes del 31 de marzo del año en curso. Este cambio implica que el sistema rechazará inscripciones fuera de este rango, buscando asegurar que los estudiantes cuenten con la madurez necesaria para integrarse adecuadamente al proceso educativo.
Respecto a las ceremonias escolares, la normativa limita los actos de graduación únicamente al nivel secundario, prohibiendo estas celebraciones en los niveles de inicial y primaria.
Un cambio importante en la metodología educativa es la eliminación de la entrega de textos escolares impresos. Los docentes ahora deberán elaborar sus propios materiales didácticos, apoyándose en la malla curricular vigente y en fuentes bibliográficas externas, como recursos digitales y publicaciones especializadas, con el objetivo de evitar costos adicionales para las familias.
En el ámbito de la evaluación, se ha eliminado la dimensión denominada decidir. La valoración del desempeño docente se centrará en tres aspectos fundamentales: el ser, el hacer y el saber, estableciendo una nueva ponderación que orientará la calificación final.
Finalmente, la normativa flexibiliza el uso del uniforme escolar. No es obligatorio para los estudiantes de ningún tipo de establecimiento educativo y no debe ser un requisito para acceder a las clases o actividades escolares. En caso de que una institución opte por implementar el uniforme, esta decisión debe ser consensuada con la comunidad educativa. Además, queda prohibida la venta exclusiva de uniformes o materiales escolares en establecimientos determinados. La resolución también reconoce y respeta la vestimenta tradicional de las comunidades indígenas originarias campesinas y afrobolivianas dentro del ámbito escolar
