Funcionarios de la Embajada de Venezuela en La Paz abandonaron Bolivia antes de la segunda vuelta electoral del país, es decir, antes del 19 de octubre de 2025, según aclaró el canciller Fernando Aramayo, quien destacó que esta decisión no corresponde al gobierno actual.
El ministro de Relaciones Exteriores explicó que el retiro del personal diplomático venezolano fue una iniciativa del Estado venezolano y no una medida adoptada por Bolivia. Asimismo, indicó que el gobierno de Rodrigo Paz monitorea de cerca la situación política en Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro y está dispuesto a restablecer relaciones diplomáticas plenas cuando las condiciones sean propicias para ello.
En los últimos días se pudo constatar que el edificio de la Embajada de Venezuela en La Paz permanece sin presencia de funcionarios diplomáticos ni residentes venezolanos. Se estima que el último grupo de diplomáticos abandonó el país durante los primeros días de noviembre, incluso antes de que el presidente Rodrigo Paz asumiera el cargo. La última comunicación oficial de la legación venezolana data del 1 de noviembre de 2025, cuando se informó la suspensión de todos los trámites relacionados con pasaportes, apostillas y otros servicios del Saime (Servicio de Administración de Identificación, Migración y Extranjería de Venezuela).
De esta manera, desde hace aproximadamente dos meses no existe representación diplomática oficial de Venezuela en Bolivia. No obstante, el canciller Aramayo aseguró que la atención consular para los más de seis mil bolivianos que residen en Venezuela continúa garantizada. El Gobierno mantiene comunicación con la representación consular venezolana para brindar apoyo a los connacionales, incluyendo la posibilidad de facilitar su retorno a Bolivia si fuera necesario.
En cuanto a la situación de los ciudadanos venezolanos que viven en Bolivia, el ministro reconoció la falta de un registro preciso sobre su número y estatus migratorio, debido a la ausencia de mecanismos de regularización en administraciones anteriores. Este tema será objeto de análisis por parte del gobierno actual para definir las acciones correspondientes.
Aramayo anunció que se emitirá una comunicación oficial destinada a establecer procedimientos para identificar cuántos venezolanos residen en el país, su situación legal y las características de su permanencia. Además, advirtió que se aplicará la normativa vigente para impedir que personas vinculadas con el régimen anterior de Venezuela se aprovechen de las políticas migratorias bolivianas de manera oportunista. Bolivia se sumará a los esfuerzos internacionales que buscan implementar medidas similares, siempre respetando el marco legal.
Finalmente, el Gobierno reiteró que su postura frente a la crisis venezolana se fundamenta en los principios del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas
