Los suegros de Franklin Flores, exgerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), acudieron voluntariamente a la Fiscalía Departamental de La Paz para brindar su declaración en el marco de una investigación por legitimación de ganancias ilícitas vinculada a la compra y venta con sobreprecio de harina subvencionada. Sin embargo, ambos optaron por ejercer su derecho al silencio, por lo que las autoridades continúan evaluando las pruebas existentes en el expediente.
Según el fiscal a cargo del caso, la vinculación de los suegros de Flores surgió tras la presentación de documentos que acreditaban la propiedad de un departamento en El Alto, utilizados para justificar el patrimonio del exfuncionario. La investigación se originó a partir de una denuncia presentada por dirigentes del sector de panificadores, quienes aportaron evidencias sobre posibles actos de corrupción.
El Ministerio Público señala que Franklin Flores tenía en sus cuentas bancarias más de 200 mil bolivianos, una cifra que excede ampliamente el monto acumulado por sus salarios desde que asumió la gerencia de Emapa, incluso si no hubiera realizado ningún gasto. Además, se detectaron movimientos financieros sospechosos en las cuentas de su esposa, quien fue detenida en diciembre tras la fuga de Flores de su detención domiciliaria.
En cuanto a los suegros, las autoridades indicaron que la documentación y los registros bancarios no coinciden con las fechas y montos declarados en las operaciones de compra y venta, lo que genera la presunción de que habrían contribuido al enriquecimiento ilícito del exgerente.
Por otra parte, la Fiscalía ha abierto dos procesos relacionados con la harina subvencionada. En uno de ellos, se investiga a Flores, a un dirigente de los panificadores, a familiares de ambos y a funcionarios de Emapa. El caso se centra en la compra de harina a precios reales por parte de Emapa a empresas argentinas, que luego era vendida a precio subvencionado a una empresa intermediaria, la cual procedía a reembolsar y revender la harina a Emapa a un precio elevado. Este mecanismo habría ocasionado un perjuicio económico estimado en 43 millones de bolivianos.
El segundo proceso indaga irregularidades en la adjudicación de contratos de compra y venta de harina dentro de Emapa. En este contexto, un juez dictó una segunda orden de detención preventiva contra Franklin Flores, quien había sido aprehendido días antes tras fugarse de su detención domiciliaria. La primera detención preventiva fue establecida por cinco meses luego de que se revocara su beneficio de detención domiciliaria
