Los recientes enfrentamientos entre sectores de la Central Obrera Boliviana (COB) y la Policía en la ciudad de La Paz han dejado un saldo significativo de daños materiales, que superan los 250.000 bolivianos, según informó el alcalde Iván Arias. Además, se identificaron riesgos estructurales en infraestructuras subterráneas, como bóvedas y cauces, debido al uso de dinamita durante las movilizaciones, lo que representa un peligro para trabajadores y transeúntes en una ciudad con una topografía accidentada.
El alcalde detalló que la jornada más crítica se registró el lunes, cuando se produjo una vandalización masiva. Destacó que las explosiones no solo afectan la superficie, sino también las estructuras subterráneas, mencionando específicamente la bóveda del río Choqueyapu, cuya reparación tiene un costo estimado en 13 millones de bolivianos. Cualquier daño adicional en estas infraestructuras implica un impacto económico que recae directamente en la población paceña.
En contraste, las movilizaciones del martes se desarrollaron con menor violencia y sin los actos de vandalismo observados el día anterior. Arias agradeció a los manifestantes que atendieron el llamado a evitar daños a la ciudad, pero enfatizó que ser la sede política del país implica asumir ciertos costos, por lo que es fundamental que las protestas no se traduzcan en destrucción.
El desglose preliminar de los daños indica que la semana anterior se registraron pérdidas por 150.000 bolivianos, mientras que los incidentes del lunes sumaron más de 100.000 bolivianos en daños. Además, se reportó el robo de materiales de construcción almacenados para trabajos en bóvedas, incluyendo carretillas, palas, picotas, bolsas de cemento y fierros. Estos insumos son utilizados por cuadrillas que realizan labores manuales a profundidades que oscilan entre 9 y 15 metros, en tramos que pueden alcanzar hasta 10 kilómetros.
La Alcaldía se constituyó como parte denunciante en este caso y entregó la información correspondiente al Ministerio Público. El alcalde recordó que no es la primera vez que la ciudad sufre actos vandálicos y expresó la esperanza de que esta ocasión no culmine sin sanciones.
Asimismo, Arias señaló un cambio en la estrategia de las protestas, con bloqueos desplazados hacia carreteras principales, como la ruta entre La Paz y Oruro, lo que podría incrementar el impacto económico negativo. Por ello, hizo un llamado a equilibrar el derecho a la protesta con la necesidad de proteger el patrimonio público y propuso avanzar en la creación de normativas que regulen tanto la destrucción urbana como los bloqueos en ciudades y vías interdepartamentales.
Durante las manifestaciones, la Policía Boliviana empleó agentes químicos para dispersar a los manifestantes, quienes utilizaron petardos y explosivos. Mientras continúan las evaluaciones técnicas, especialmente en temporada de lluvias, la Alcaldía reiteró su solicitud de que las protestas se realicen sin causar daños a la infraestructura ni poner en riesgo la seguridad de la población.
Por su parte, la Fiscalía de La Paz informó la apertura de cuatro procesos penales contra nueve afiliados a la COB detenidos durante los enfrentamientos ocurridos el lunes en el centro de la ciudad, especialmente en la avenida Mariscal Santa Cruz. Los imputados son investigados por delitos que incluyen daños, instigación pública a delinquir y afectación a bienes estatales. En uno de los casos, donde la Alcaldía es denunciante, dos personas fueron arrestadas por daños a jardineras en dicha avenida, y el fiscal encargado anunció que se prepara la imputación formal contra ellos
