El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, alertó sobre la delicada situación que enfrenta la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, señalando un preocupante patrón de criminalización hacia quienes defienden los derechos humanos en materia ambiental. Subrayó que la protección del medio ambiente no debe ser considerada un acto ilícito.
Callisaya mencionó que el seguimiento a este caso se remonta a gestiones anteriores, incluyendo la participación en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), relacionada con un incidente que derivó en procesos legales contra 12 personas de la comunidad de Chiquiacá y áreas cercanas a Tariquía. En esa ocasión, se enfatizó la importancia de respetar el rol de los defensores ambientales.
Recientemente, el 5 de enero, la Policía Boliviana ingresó nuevamente a la zona con un contingente de aproximadamente 40 efectivos, acompañados por personal de la empresa Petrobras, con el propósito de llevar a cabo actividades de exploración petrolera. Este hecho genera preocupación debido a que, según Callisaya, no se habría cumplido de manera adecuada con el proceso de consulta pública requerido.
El Defensor destacó que no se presentó ni un plan de trabajo ni un estudio de impacto ambiental de forma adecuada, lo que impidió que las comunidades locales, especialmente la población de Chiquiacá, pudieran tomar una decisión informada sobre las actividades proyectadas.
Además, alertó sobre la apertura de un segundo proceso penal contra miembros de la comunidad, imputados por cargos que incluyen asociación delictuosa, atentado contra la libertad de trabajo y usurpación de representación popular. Para Callisaya, esta situación refleja una postura negativa del Estado respecto a la protección y reconocimiento de los defensores ambientales.
Finalmente, el Defensor del Pueblo reiteró que la solución al conflicto debe basarse en el respeto estricto a la normativa vigente, haciendo un llamado a cumplir con un proceso de consulta pública que se ajuste a los estándares internacionales. Recordó que la Ley 1333 de Medio Ambiente y sus reglamentos exigen la presentación y socialización adecuada de un plan de trabajo y un estudio de impacto ambiental para garantizar la participación informada de las comunidades afectadas
