El Gobierno ha informado que realizará ajustes en 35 artículos del Decreto Supremo 5503, pero aclaró que estas modificaciones serán únicamente de forma, sin alterar el contenido sustancial del decreto. La viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, enfatizó que no se efectuarán cambios de fondo en la normativa vigente.
Por su parte, la Central Obrera Boliviana (COB) mantiene su postura de exigir la abrogación total del Decreto 5503 y ha instruido a sus bases a continuar con las movilizaciones, incluyendo marchas y bloqueos en diversas regiones del país. Los dirigentes sindicales han señalado que, hasta el momento, no existen indicios de un acuerdo con el Gobierno, a pesar de las declaraciones oficiales realizadas recientemente.
Mientras el diálogo entre el Ejecutivo y la COB permanece suspendido, los puntos de bloqueo en el territorio nacional han aumentado considerablemente. De acuerdo con reportes de medios locales, los bloqueos activos pasaron de menos de 20 el miércoles a 32 el jueves, concentrándose principalmente en el departamento de La Paz.
El impacto económico de estas protestas es significativo. El Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) ha estimado que las pérdidas para el sector productivo alcanzan aproximadamente 10 millones de dólares por día de bloqueo. Asimismo, la Cámara de Exportadores de Santa Cruz (Cadex) reportó pérdidas diarias cercanas a los 2.5 millones de dólares debido a estas interrupciones.
En defensa del decreto, la viceministra Barrientos destacó que el Decreto Supremo 5503 busca un “sinceramiento de la economía” que genera beneficios para la población, apuntando a establecer una política de austeridad destinada a estabilizar el país y fomentar la generación de riqueza. Entre las modificaciones propuestas, se incluirán mayores referencias al cumplimiento constitucional y mecanismos de control social.
Barrientos descartó cualquier cambio en la política de subvención de combustibles, señalando que mantener esta medida permite un ahorro diario aproximado de 10 millones de dólares, lo que contribuye a la sinceración económica del país.
Los bloqueos son protagonizados principalmente por sectores vinculados a la COB, como mineros y maestros, quienes interrumpen el tránsito en carreteras departamentales de La Paz, Oruro y Potosí, además de puntos urbanos. También participan campesinos de la Federación Tupac Katari, que bloquean accesos estratégicos como Desaguadero y la carretera hacia Copacabana. Los cocaleros se suman a las protestas en rutas que conectan Cochabamba con La Paz y Santa Cruz. La mayoría de estos grupos rechazan el Decreto Supremo 5503.
Según el mapa de transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), más de la mitad de los bloqueos se concentran en La Paz, con 14 puntos afectados en vías clave como la conexión hacia Copacabana, la frontera con Perú en Desaguadero, la carretera de los Yungas y la ruta hacia Oruro.
En la región de Cochabamba, las Seis Federaciones del Trópico anunciaron su adhesión a la convocatoria nacional de la COB y confirmaron su participación en los bloqueos, reiterando su demanda de abrogación total del decreto. Estos sectores obstaculizan las rutas que unen Cochabamba con Santa Cruz y La Paz.
Como consecuencia de las protestas, las terminales de buses en La Paz y El Alto han suspendido temporalmente sus salidas, afectando la movilidad en estas ciudades
