El Comité Cívico ha anunciado la realización de un Congreso de la Tarijeñidad programado para el 14 de enero, con el objetivo de evaluar las acciones legales a seguir en defensa de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, ante la controversia generada por el proyecto petrolero Domo Oso X-3 (DMO X-3).
Recientemente se llevó a cabo una audiencia pública destinada a informar sobre el proyecto DMO X-3, pero el encuentro derivó en un debate tenso entre representantes del Gobierno y defensores de la reserva. Mientras las autoridades aseguran haber cumplido con los procedimientos legales y ambientales, los activistas, comunidades locales e instituciones expresaron su rechazo y solicitaron la suspensión inmediata de las actividades petroleras, una auditoría exhaustiva del proceso y la realización de una nueva consulta previa.
Esta audiencia fue promovida por la Brigada Parlamentaria de Tarija, en respuesta a la escalada de tensiones que se intensificó tras la intervención policial para permitir el ingreso de la empresa Petrobras Bolivia, acción que superó la resistencia de los comunarios del Cantón de Chiquiacá, generando un amplio rechazo en la región.
El encuentro tuvo lugar en el Patio del Cabildo, con la participación de comunarios, representantes del Comité Cívico, activistas ambientales, autoridades nacionales y el presidente de la Cámara de Senadores. Durante la sesión, funcionarios gubernamentales, incluido el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Akly Flores, defendieron la legalidad del proyecto, asegurando que cuenta con consulta previa, licencia ambiental y que el pozo se encuentra a más de un kilómetro de la reserva.
Sin embargo, los comunarios manifestaron su decepción al no obtener compromisos para detener la actividad petrolera. La activista Nelly Coca criticó duramente la gestión del Gobierno, señalando que se habrían otorgado beneficios a ciertos dirigentes y que las comunidades han sido divididas. Además, cuestionó la presentación de Petrobras, que según ella, omitió los posibles impactos ambientales negativos y se limitó a mostrar aspectos superficiales de su labor en la zona.
Coca enfatizó que la proximidad del proyecto a la reserva, una zona vital para la recarga hídrica, representa un riesgo significativo para la comunidad local. También alertó sobre la relación entre la presencia petrolera y problemas de salud como el cáncer, y reiteró su disposición a adoptar medidas de protesta radicales para proteger el territorio.
Por su parte, el Comité Cívico calificó la postura gubernamental como una falta de respeto hacia el departamento y convocó a una Asamblea de la Tarijeñidad para definir estrategias de defensa. En esta reunión, prevista para la noche del 14 de enero, se trabajará en comisiones técnicas y jurídicas para establecer las acciones a seguir.
El Comité Cívico Juvenil también expresó su preocupación por la continuidad de políticas que consideran perjudiciales para la región, cuestionando la legitimidad del proceso de consulta y recordando el mandato popular de que la reserva no debe ser intervenida.
Desde el ámbito legislativo, el senador Rolando Vacaflor planteó diversas observaciones sobre la forma en que se autorizó la actividad petrolera, advirtiendo que incluso la distancia de un kilómetro y medio no elimina el riesgo de contaminación, debido a las operaciones necesarias para la extracción y transporte de maquinaria, que podrían afectar cursos de agua como el río Saicán y, en consecuencia, el río Tarija y el Bermejo.
Vacaflor insistió en la necesidad de reactivar comisiones técnicas para buscar acuerdos consensuados, en un contexto donde el rechazo a la intervención petrolera es unánime entre la población local.
En suma, la situación en torno al proyecto Domo Oso X-3 continúa generando un fuerte rechazo social y político, con la convocatoria a un congreso que buscará definir las medidas legales y sociales para proteger la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía
