Bolivia atraviesa su sexto día consecutivo de bloqueos indefinidos en rechazo al Decreto Supremo 5503, en un contexto de creciente tensión social, ruptura del diálogo político y consecuencias cada vez más evidentes en la economía y servicios esenciales. Según el último reporte de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), se mantienen activos 57 puntos de bloqueo distribuidos en seis departamentos del país.
La mayor concentración de cortes se registra en La Paz, con 24 puntos, seguida por Cochabamba con 11, Oruro con 10, Potosí con seis, Santa Cruz con cuatro y Beni con dos. En contraste, Pando, Tarija y Chuquisaca no presentan bloqueos hasta el momento. Estas medidas fueron convocadas por la Central Obrera Boliviana (COB), que demanda la derogación total del decreto que elimina la subvención a los combustibles.
El conflicto se intensificó luego de que la dirigencia de la COB decidiera romper el diálogo con el Gobierno, a pesar de que en días anteriores se había planteado la posibilidad de modificar o derogar parcialmente varios artículos del decreto. La propuesta del Ejecutivo de modificar 35 artículos fue rechazada por el sector sindical.
El impacto económico es cada vez más palpable. El sector empresarial calcula pérdidas acumuladas que superan los 600 millones de dólares, cifra que podría aumentar si persisten los bloqueos. La Cámara Nacional de Industrias (CNI) alertó que el cierre de carreteras afecta la producción, el transporte de mercancías y el abastecimiento de insumos estratégicos, y solicitó a ambas partes reanudar el diálogo.
El turismo es uno de los sectores más perjudicados. La Cámara de Operadores de Turismo Receptivo exigió el levantamiento inmediato de los bloqueos y solicitó al Gobierno implementar medidas urgentes para proteger esta actividad. Durante el conflicto, se realizaron operativos para rescatar a turistas atrapados en diversas zonas, incluyendo visitantes en el Salar de Uyuni, uno de los destinos más emblemáticos del país.
El Ministerio de Salud reportó agresiones, amenazas y ataques físicos contra el personal sanitario y conductores de ambulancias durante las evacuaciones de pacientes. La ministra Marcela Flores informó que ambulancias fueron retenidas y agredidas en puntos de bloqueo, incluso cuando trasladaban a personas con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas y niños en estado crítico. La ministra enfatizó que la labor del personal de salud es salvar vidas.
Además, se denunció que los bloqueos impiden el paso de camiones que transportan oxígeno medicinal, un insumo esencial para los hospitales. El Ministerio de Salud anunció que prepara acciones legales respaldadas con evidencia audiovisual ante estas agresiones. La CNI también advirtió que obstaculizar el tránsito de cisternas con oxígeno y medicamentos pone en riesgo la vida y salud de miles de personas.
Con el diálogo suspendido, las vías bloqueadas y múltiples sectores estratégicos afectados, Bolivia enfrenta una crisis que trasciende lo político y social, alcanzando dimensiones económicas y humanitarias significativas
