La salida inesperada de Mario Argollo, secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), de la Casa Grande del Pueblo ha generado incertidumbre sobre el avance del diálogo con el Gobierno. Tras una semana marcada por una escalada en los bloqueos, la COB accedió a retomar las conversaciones con las autoridades, pero poco después de iniciar la mesa de diálogo, Argollo se retiró abruptamente.
Fuentes gubernamentales indicaron que ambas partes acordaron un cuarto intermedio hasta el día siguiente, solicitando a la COB que regrese con propuestas concretas que faciliten el acercamiento de posiciones.
En contraste, Argollo adoptó una postura más firme y afirmó ante la prensa que el Gobierno había roto el diálogo. Además, hizo un llamado a la ciudadanía para que se sumen a las movilizaciones que se mantienen en distintas zonas, especialmente en La Paz.
Por su parte, Andrés Paye, secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), llegó por la tarde a la Casa Grande del Pueblo para continuar con las negociaciones convocadas por el Ejecutivo. En la agenda figura la discusión sobre la vigencia del Decreto Supremo 5503 y sus modificaciones. El Gobierno manifestó disposición para ajustar ciertos artículos, pero descartó la posibilidad de revertir la eliminación de la subvención a los combustibles.
Al ingresar al encuentro, Paye reiteró que mantienen la exigencia de abrogar la norma vigente desde diciembre de 2023, enfatizando que esta posición refleja la voluntad expresada por las bases y la población durante las protestas y bloqueos en las carreteras.
Desde el Ejecutivo, ministros y el presidente han descartado la abrogación del decreto, aunque han mostrado apertura para modificar aspectos específicos a través de mesas técnicas, cuyo trabajo se inició recientemente.
En medio de este contexto, la ciudadanía en ciudades como La Paz y en departamentos como Santa Cruz ha manifestado su rechazo a las medidas de presión impulsadas por la COB, debido a las pérdidas económicas que generan y al impacto negativo en el desarrollo cotidiano de actividades productivas y sociales.
Según datos de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), actualmente existen 56 puntos de bloqueo en el país, concentrados principalmente en los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí
