El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, resaltó la importancia de priorizar el diálogo como el principal mecanismo para resolver los conflictos sociales en una sociedad democrática. Asimismo, hizo un llamado a evitar la normalización de las protestas que afectan los derechos de terceros, subrayando los acuerdos alcanzados entre el Gobierno nacional y la Central Obrera Boliviana (COB).
En este contexto, Callisaya instó a una reflexión colectiva sobre la necesidad de no aceptar como algo habitual medidas de protesta, como los bloqueos, que vulneran derechos fundamentales de personas no involucradas en las movilizaciones, especialmente en ámbitos como la salud, la alimentación, el trabajo y la libre circulación. Destacó que estas afectaciones tienen un impacto más profundo en poblaciones vulnerables.
El Defensor también enfatizó la relevancia de construir una democracia basada en la comprensión mutua de necesidades y valores compartidos. Reconoció que la protesta social es una manifestación legítima del derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica, siempre que se ejerza sin violencia ni daños a terceros. En este sentido, reafirmó la postura institucional de no criminalizar la protesta social, insistiendo en que su desarrollo debe respetar los derechos humanos.
Ante los recientes episodios de violencia, Callisaya subrayó que el derecho a la protesta debe ejercerse de manera pacífica y sin vinculación con actos violentos, respetando los derechos de todas las personas. Señaló que tales conductas no pueden ser toleradas en un Estado democrático y confirmó que, en caso de detectarse acciones delictivas, las autoridades competentes procederán con las investigaciones correspondientes. Además, aseguró que la Defensoría del Pueblo solicitará que estos procesos se lleven a cabo respetando el debido proceso legal.
Para concluir, el Defensor del Pueblo expresó que el conflicto social reciente representa una oportunidad para fortalecer la cultura del diálogo y la manifestación pacífica de demandas sociales, así como para promover la escucha activa y la respuesta oportuna por parte de las autoridades estatales
