Estados Unidos intensificó este martes su postura frente a Irán al cancelar todas las negociaciones con funcionarios iraníes, condicionando la reanudación del diálogo al fin de la violencia contra manifestantes, cuyo número de víctimas fatales se acerca a los dos mil, según reportes de organizaciones de derechos humanos.
El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció la suspensión de cualquier encuentro diplomático con representantes iraníes hasta que cesen los “asesinatos sin sentido” de personas que participan en protestas. A través de su plataforma Truth Social, instó a los ciudadanos iraníes a continuar con las manifestaciones y a tomar control de sus instituciones, asegurando que “la ayuda está en camino”. Además, reiteró su política de imponer un arancel del 25% a los países que mantengan relaciones comerciales con Irán.
Esta decisión se produce a pesar de los intentos recientes del canciller iraní, Abás Araqchi, por establecer contacto con el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, con el objetivo de reducir la tensión entre ambos países.
Por su parte, Irán respondió con firmeza a las amenazas estadounidenses. El ministro de Defensa, Aziz Nasirzadeh, advirtió que cualquier agresión será enfrentada con una respuesta contundente, asegurando que el país está mejor preparado que durante los enfrentamientos previos con Israel y Estados Unidos. Nasirzadeh afirmó que cuentan con “sorpresas efectivas” para defender su territorio y que cualquier ataque recibirá una defensa “atroz”.
Rusia también expresó su respaldo a Irán, advirtiendo sobre las graves consecuencias que tendría para la seguridad internacional una posible intervención militar estadounidense bajo el pretexto de los disturbios internos. La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, calificó las amenazas y sanciones impuestas por Estados Unidos como inadmisibles, señalando que fuerzas externas buscan provocar una revolución para desestabilizar al Estado iraní.
En medio de esta escalada geopolítica, las organizaciones de derechos humanos continúan reportando un elevado número de víctimas por la represión de las protestas que comenzaron el pasado 8 de enero. La ONG Human Rights Activists (HRA) confirmó la muerte de al menos 1.850 personas, incluyendo nueve menores, y más de 16.700 detenciones durante las manifestaciones. Además, la organización investiga otras 770 muertes relacionadas con la represión estatal, aunque advierte que estas cifras podrían ser mayores debido a los bloqueos prolongados de internet y comunicaciones.
Otras fuentes opositoras, como la Organización de Muyahidines del Pueblo de Irán, elevan el número de fallecidos a cerca de 3.000, denunciando el uso de armamento pesado contra civiles. Los bloqueos de internet, los más extensos en la historia del país, son señalados como una estrategia para ocultar violaciones graves a los derechos humanos y el uso de tácticas letales por parte de las fuerzas de seguridad.
Aunque la presencia militar en las calles de la capital ha comenzado a disminuir y se ha restablecido parcialmente la comunicación telefónica y la actividad comercial, varios testimonios describen zonas de la ciudad como escenarios de conflicto intenso.
En respuesta a la situación, una decena de naciones europeas, entre ellas España, Alemania, Italia, Reino Unido, Francia, Países Bajos y Dinamarca, convocaron a los embajadores iraníes para expresar su condena por la violencia y las detenciones arbitrarias. El presidente del Gobierno español exigió el cese inmediato de la represión, mientras que la secretaria de Exteriores del Reino Unido anunció planes para imponer sanciones adicionales en sectores clave como energía y finanzas. Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea anunció que la Unión Europea presentará próximamente nuevas medidas punitivas contra los responsables de la violencia en Irán
