La Fiscalía ha emitido una orden de captura con sello rojo contra Armin Dorgathen, ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), luego de que no se presentara a la audiencia de medidas cautelares programada para el 14 de enero. Previamente, el procurador general del Estado advirtió que, en caso de no acudir al juicio relacionado con el caso Botrading, Dorgathen sería declarado rebelde, situación que finalmente se concretó.

El fiscal a cargo del caso explicó que, debido a la inasistencia injustificada de Dorgathen, se solicitó formalmente su declaratoria de rebeldía. Además, se han implementado medidas adicionales, como la orden de aprehensión, el arraigo y la anotación preventiva de bienes. El Ministerio Público también manifestó que cuenta con los elementos necesarios para iniciar un proceso de extradición en caso de ser pertinente.

Entre las acciones adoptadas por la Fiscalía se encuentran el congelamiento de cuentas bancarias y el registro de inmuebles vinculados al ex funcionario. Dorgathen enfrenta imputaciones por varios delitos, entre ellos uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.

En un intento por justificar su ausencia, el ex presidente de YPFB presentó un documento alegando estar en Brasil bajo la condición de refugiado. Sin embargo, esta solicitud fue rechazada por el juez, quien señaló que el memorial carecía de respaldo oficial y no fue tramitado a través de la Cancillería brasileña.

De acuerdo con investigaciones, los contratos firmados entre Botrading y YPFB, que están bajo análisis en este proceso, habrían causado un perjuicio económico al Estado que asciende a 857 millones de dólares.

Recientemente, Dorgathen fue captado en un parque de diversiones en Brasil, lo que generó reacciones negativas por parte de ciudadanos bolivianos que lo identificaron y expresaron su desaprobación. Este hecho se dio a conocer poco después de que Interpol activara un sello azul para localizarlo y examinar sus actividades, mientras enfrenta un proceso penal en Bolivia.

El caso Botrading involucra presuntas irregularidades en la importación de combustibles y abarca a varios exfuncionarios y particulares. Actualmente, la Fiscalía continúa con las notificaciones correspondientes a los demás implicados, y seis personas ya cuentan con una resolución formal de imputación. Asimismo, se está gestionando la cooperación internacional con Paraguay para obtener la declaración informativa de una ciudadana vinculada al caso.

Esta investigación es una de las principales prioridades de la Comisión de la Verdad de Hidrocarburos, supervisada por la Procuraduría General del Estado, que busca esclarecer los hechos y responsabilidades en este proceso

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