La Fiscalía General del Estado de Bolivia informó sobre la apertura de investigaciones en torno a los dos primeros feminicidios reportados durante el año 2026, cuyas víctimas son mujeres de 30 y 47 años.
El caso más reciente se registró en una vivienda particular del municipio de Sacaba, en Cochabamba, donde fue encontrado el cuerpo de una mujer de 30 años. El fiscal departamental, Osvaldo Tejerina, indicó que un equipo multidisciplinario se desplazó al lugar para iniciar las diligencias correspondientes por feminicidio. Se están recopilando pruebas, testimonios y realizando los actos investigativos necesarios para esclarecer los hechos. Según el fiscal asignado, Gabriel García, la víctima había sido buscada por sus familiares desde el sábado anterior. Estos ingresaron forzosamente al inmueble que la mujer alquilaba con su pareja, un hombre de 43 años, y encontraron el cuerpo con evidentes signos de violencia. La pareja fue detenida como principal sospechoso del crimen.
En otro hecho ocurrido en la región de Santa Cruz, una mujer de 47 años fue encontrada sin vida tras un ataque con arma de fuego frente a su domicilio en un municipio fronterizo con Brasil. El fiscal departamental, Alberto Zeballos, informó que el caso se investiga siguiendo los protocolos establecidos, y que ya se cuenta con personas aprehendidas para identificar al autor material. La fiscal a cargo, Fabiola Paco, detalló que un hombre en motocicleta habría disparado a la víctima, y que posteriormente su esposo e hijo intentaron ocultar evidencias cambiando la ropa de la mujer y limpiando el lugar del suceso. El hallazgo del cuerpo con un disparo en la cabeza fue reportado inicialmente por empleados de una funeraria contratada por la familia.
En 2025, las autoridades registraron 81 feminicidios, 29 infanticidios y más de 46 mil denuncias relacionadas con violencia contra las mujeres bajo la Ley 348, que busca garantizar una vida libre de violencia para ellas. Esta legislación establece una pena máxima de 30 años de prisión sin derecho a indulto para quienes cometan feminicidio. Sin embargo, organizaciones feministas han señalado que la aplicación de la ley enfrenta obstáculos debido a la insuficiencia de recursos y personal especializado para atender estos casos
