En Bolivia, la discusión sobre una posible legislación que penalice los bloqueos de vías ha cobrado relevancia, generando inquietudes en diversos sectores sociales y políticos. Actualmente, al menos cuatro iniciativas legislativas en trámite buscan tipificar como delito la obstrucción ilegal de las vías de comunicación, con penas que podrían ir desde seis hasta veinte años de prisión. Estas propuestas se fundamentan en la necesidad de proteger la economía nacional, garantizar el libre tránsito y asegurar el derecho al trabajo.
No obstante, la falta de información clara y la escasa socialización de estos proyectos han provocado preocupación entre organizaciones sociales, sindicatos y defensores de derechos humanos. El temor principal radica en que esta normativa sirva para criminalizar y judicializar las protestas sociales, especialmente aquellas vinculadas a la defensa de territorios y recursos naturales, como es el caso de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía.
Este conflicto ambiental se ha convertido en un referente para entender las posibles consecuencias de la ley. Actualmente, diecisiete personas que participaron en acciones de protesta en la zona enfrentan procesos penales por oponerse a la entrada de empresas petroleras en el área protegida. Aunque estas denuncias aún están en curso, las comunidades y plataformas ambientales advierten que la aprobación de una ley más estricta podría agravar la persecución judicial contra quienes defienden el territorio.
Los proyectos legislativos coinciden en ampliar la responsabilidad penal no solo a quienes ejecuten los bloqueos, sino también a quienes los promuevan, financien u organicen. Además, se plantea la posibilidad de que los responsables asuman daños civiles por perjuicios económicos causados. Aunque se asegura que el derecho a la protesta pacífica se mantendría, se condiciona a que no se afecte el suministro de bienes esenciales ni se interrumpan servicios de salud, ni tampoco se realicen bloqueos en vías de alcance nacional, lo que para muchos críticos limita severamente la efectividad de las movilizaciones.
Desde el Gobierno nacional y sectores empresariales se ha manifestado un claro respaldo a estas iniciativas, argumentando que los bloqueos generan pérdidas millonarias y afectan la estabilidad económica del país. Legisladores de distintas fuerzas políticas también coinciden en la necesidad de contar con mecanismos legales que impidan el uso recurrente de bloqueos como herramienta de presión política.
Por otro lado, la Central Obrera Boliviana y diversas organizaciones sociales han rechazado estas propuestas, calificándolas como un intento de eliminar un método histórico de reivindicación social y laboral. Estas agrupaciones sostienen que la criminalización de la protesta vulnera derechos constitucionales y puede debilitar la capacidad de los sectores populares para expresar sus demandas.
Entre las críticas más destacadas está el riesgo de que la ley sea aplicada de manera arbitraria, con fines políticos, lo que podría intensificar la persecución contra líderes sociales y opositores. Además, especialistas señalan la necesidad de establecer regulaciones claras sobre el uso de la fuerza por parte de las autoridades durante las acciones de desbloqueo, para evitar abusos y garantizar el respeto a los derechos humanos.
En este contexto, representantes del Comité Cívico han reconocido la legitimidad de algunas movilizaciones, como el paro cívico nacional que demandó la realización del censo, pero también han señalado la existencia de bloqueos con motivaciones políticas que complican la situación. Enfatizan la importancia de definir con claridad qué constituye un bloqueo legal y abogan por un proceso de socialización amplio antes de aprobar cualquier normativa.
Ante la controversia, un diputado ha propuesto someter la ley a un referéndum nacional previo a su promulgación, con la intención de consultar directamente a la ciudadanía sobre esta medida. Esta iniciativa busca evitar que la norma genere un aumento en las movilizaciones sociales y promover un debate más amplio sobre el derecho a la protesta y sus límites en el país
