La Asociación de Surtidores y Comercializadores Privados de Hidrocarburos (Asosur) ha declarado un estado de emergencia a nivel nacional, presentando un pliego de demandas dirigido al Gobierno ante lo que considera decisiones que comprometen la seguridad jurídica del sector y ponen en riesgo la continuidad en el suministro de combustibles en el país.
El principal punto de controversia radica en la presunta competencia desleal atribuida a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), especialmente tras la implementación de la Resolución Administrativa 051/2024. Asosur solicita la derogación de esta normativa y demanda que las estaciones de servicio puedan adquirir combustibles de diversos importadores, incluyendo YPFB, bajo condiciones que garanticen precios justos, calidad adecuada y suministro constante para la población.
Desde la asociación gremial se critica la proliferación de surtidores que no cumplen con el Decreto Supremo 24721, situación que ha generado un desequilibrio en el mercado, debilitando a las estaciones legalmente establecidas y afectando la transparencia en la comercialización de carburantes.
En cuanto al Gas Natural Vehicular (GNV), Asosur subraya la necesidad de que todo combustible comercializado cumpla con estándares internacionales de calidad para proteger a los usuarios, los vehículos y la infraestructura de las estaciones. Además, enfatizan la importancia de respetar la Ley 3058 de Hidrocarburos, destacando que las estaciones de servicio son el último eslabón en la cadena de suministro y responsables de garantizar la seguridad, calidad, cantidad y continuidad del servicio, responsabilidades que se ven amenazadas por condiciones económicas desfavorables.
El sector advierte sobre la situación crítica que enfrentan las estaciones que operan con GNV, ya que no pueden continuar trabajando con pérdidas sin comprometer el abastecimiento. Por ello, solicitan la reanudación urgente del análisis económico de la estructura de costos del GNV, proceso que se encuentra detenido desde hace varios años.
Asimismo, Asosur cuestiona la falta de respuesta de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) en trámites pendientes desde hace tiempo y la falta de atención del Ministerio de Hidrocarburos respecto a las demandas relacionadas con los biocombustibles. La asociación reafirma su compromiso con la población, pero advierte que la viabilidad del servicio depende de una respuesta inmediata y efectiva por parte de las autoridades. El Gobierno tiene un plazo de 48 horas para atender estas demandas.
Por otra parte, el presidente de Asosur en Tarija, Moisés Hidalgo, anunció que este miércoles se realizará una reunión nacional en Cochabamba para evaluar posibles medidas en caso de que el Gobierno no responda al pliego presentado. Hidalgo señaló que una de las principales fuentes de descontento es la venta de combustibles por parte de YPFB a grandes consumidores al mismo precio que a las estaciones de servicio, lo que distorsiona el mercado y coloca en desventaja al sector privado.
Este pronunciamiento ha sido replicado por las diferentes asociaciones departamentales de Asosur, que advierten que, sin respuestas concretas, el conflicto podría intensificarse y afectar el abastecimiento normal de combustibles en diversas regiones del país
