Una sala constitucional en El Alto aceptó para su trámite una acción popular presentada contra el Decreto Supremo 5515, programando la audiencia correspondiente para la tarde de este martes. Por su parte, el Ejecutivo manifestó su expectativa de que la tutela solicitada a través de este recurso sea rechazada.
El Gobierno confirmó su participación en la audiencia con el fin de defender la validez del decreto, el cual autoriza al presidente Rodrigo Paz a ejercer sus funciones mediante medios tecnológicos de comunicación cuando se encuentre temporalmente fuera del país.
El recurso fue interpuesto por el abogado Wilmer Vásquez, quien previamente presentó una acción similar ante una sala constitucional en Santa Cruz, sin obtener resultados favorables. Según el viceministro de Transparencia, Yamil García, en enero pasado esa sala indicó que la vía utilizada no era procedente y negó la tutela solicitada.
García explicó que el accionante replicó los mismos argumentos en otra jurisdicción, buscando una nueva sala para reabrir un caso que, desde el punto de vista jurisprudencial, no es viable. Además, señaló que no es procedente presentar múltiples acciones tutelares simultáneamente mientras la primera aún está en revisión ante el Tribunal Constitucional, lo que constituye una causa clara de improcedencia para esta nueva acción.
El viceministro resaltó que una acción popular debe basarse en la protección de derechos colectivos o intereses difusos que requieran una tutela urgente, condición que, según él, no se cumple en este caso. También apuntó que el demandante intenta cuestionar la constitucionalidad no solo del Decreto Supremo 5515, sino también del 5503, el cual ya no tiene vigencia legal.
Por estas razones, el Ejecutivo confía en que el tribunal no solo rechazará la tutela solicitada, sino que también exhortará al accionante a revisar la jurisprudencia constitucional relacionada con la presentación reiterada de la misma problemática en diferentes instancias
