La iniciativa conocida como “50/50”, que busca redistribuir la mitad de los recursos fiscales del Estado hacia gobernaciones y municipios, enfrenta un proceso de implementación prolongado y lleno de incertidumbres. Originalmente presentada como una reforma estructural urgente por el presidente Rodrigo Paz, esta propuesta ahora se proyecta como un objetivo a largo plazo, con una aplicación completa prevista recién para el cierre de la actual gestión gubernamental, en 2030.
Este cambio en la hoja de ruta ha generado críticas desde distintos niveles subnacionales, que atraviesan una severa crisis financiera debido a la disminución de ingresos, la reducción de transferencias estatales y un contexto económico nacional adverso que limita su capacidad de respuesta.
En sus primeros anuncios, el presidente Paz planteó la redistribución 50/50 como una medida inmediata para combatir el centralismo fiscal y fortalecer la autonomía regional. Sin embargo, en las últimas semanas, su discurso ha evolucionado hacia una aplicación gradual, condicionada incluso al resultado de las elecciones subnacionales previstas para marzo de 2026. Según el Gobierno, será a partir de ese momento cuando se puedan iniciar discusiones técnicas y ajustes presupuestarios vinculados a esta redistribución.
Este replanteamiento ha despertado inquietudes en las regiones, que perciben cómo una de las principales promesas del Ejecutivo se diluye en plazos extensos y condicionamientos políticos.
En el ámbito regional, el gobernador Oscar Montes expresó su escepticismo, advirtiendo que la propuesta podría quedar reducida a un mero lema de campaña. Señaló que para que una redistribución de esta magnitud sea efectiva, es necesario revisar profundamente las competencias entre los niveles central y subnacional. Además, destacó que el verdadero problema radica en la falta de autonomía real, ya que la injerencia del Gobierno nacional en los presupuestos regionales limita la mejora financiera de las gobernaciones.
Por su parte, el alcalde Johnny Torres adoptó una postura más prudente, indicando que la propuesta debe ser evaluada en función de la realidad económica del país. Consideró posible iniciar con un esquema que mejore la situación actual, aunque no necesariamente con un reparto 50/50. También planteó la necesidad de devolver a las regiones los recursos retenidos del 12% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), fondos que fueron confiscados con el argumento de incentivar la exploración de gas, sin que hasta ahora se hayan obtenido resultados.
La preocupación por la demora en la implementación del 50/50 no se limita a una sola región. En Santa Cruz, autoridades y líderes cívicos han demandado que la propuesta no quede en simples anuncios y han enfatizado la urgencia de liberar exportaciones para reactivar la economía local. El presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz destacó que el compromiso corresponde al Gobierno y que los plazos para avanzar están próximos a cumplirse.
Asimismo, representantes de la oposición y candidatos regionales han calificado la postergación como una “falsa promesa”, interpretándola como una estrategia discursiva más que una voluntad concreta de redistribución fiscal.
En el ámbito municipal, la Asociación de Municipalidades de Bolivia advirtió sobre una reducción proyectada del 24,31% en los recursos del IDH para 2026, lo que aumenta la presión sobre el Gobierno central para que cumpla con la redistribución o implemente medidas compensatorias.
El contexto económico nacional agrava la situación. Bolivia enfrenta una crisis profunda, considerada la más severa en cuatro décadas, caracterizada por escasez de divisas, problemas en el suministro de combustible e inflación que afecta tanto a la economía general como a las finanzas locales. Expertos coinciden en que una aplicación total e inmediata del 50/50 para el próximo año carece de viabilidad técnica, debido a la ausencia de una planificación adecuada y a la rigidez del gasto público central, que concentra compromisos salariales y operativos significativos.
En resumen, la propuesta de redistribución fiscal que inicialmente se planteó como una reforma urgente ha quedado relegada a un proceso gradual, condicionado por factores políticos y económicos que dificultan su pronta ejecución. Mientras tanto, las regiones demandan mayor autonomía y claridad para enfrentar la crisis financiera que atraviesan
