Manuel Ramón P. A., ciudadano español y principal accionista de una empresa relacionada con la exportación de madera boliviana, está en el centro de una investigación internacional por narcotráfico tras el hallazgo de más de 700 kilos de cocaína ocultos en un cargamento de madera. El contratiempo surgió cuando el empresario no abordó el vuelo previsto para regresar al país, lo que ha generado nuevas dudas en el proceso investigativo que involucra a autoridades de Bolivia y otros países.
El contenedor con la madera adulterada fue interceptado el 22 de noviembre en el puerto de Arica, Chile, cuando se encontraba en tránsito hacia España. Los análisis científicos confirmaron la presencia de clorhidrato de cocaína incrustado en la madera, utilizando tecnología avanzada como inteligencia artificial para detectar esta modalidad sofisticada de contrabando, que evade los métodos tradicionales de inspección.
La empresa vinculada al caso, MaderPark 2000 SL, fue establecida en España en 1998 con un capital inicial superior a los 9 millones de euros. Su actividad principal es la producción y exportación de madera tropical, con operaciones que abarcan Bolivia y mercados en Europa, América y Asia. Además, Manuel Ramón P. A. figura como representante en otras dos compañías españolas dedicadas al comercio de madera y metales preciosos, mientras que la investigación también indaga posibles conexiones con una tercera firma.
Las pesquisas apuntan a la existencia de una red criminal con alcance internacional, que podría tener ramificaciones en países como Estados Unidos, China, Israel y Uruguay. Recientemente, en Arica se llevó a cabo una reunión técnica que reunió a representantes de la Guardia Civil de España, la Policía de Investigaciones de Chile y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico de Bolivia. Durante este encuentro se analizaron datos relacionados con más de 150 envíos de madera realizados desde 2018, principalmente con destino a España.
En Bolivia, las autoridades realizaron una serie de allanamientos en varias localidades, asegurando inmuebles, dinero en efectivo, equipos tecnológicos, documentación empresarial, vehículos y maquinaria pesada. Una persona fue detenida y enfrenta un proceso judicial, mientras la investigación continúa abierta y podría desencadenar nuevas medidas legales tanto a nivel nacional como internacional
