El tratamiento de los tres anteproyectos de ley destinados a sancionar los bloqueos en la Cámara de Diputados, así como el proyecto presentado en la Cámara de Senadores, ha sido postergado para dar paso a un proceso de socialización con diversos sectores sociales del país. Las comisiones de Justicia de ambas cámaras iniciaron el análisis de estas iniciativas, pero decidieron suspenderlo temporalmente.
Según un comunicado oficial, la Comisión de Justicia Plural ha declarado un receso hasta la primera semana de febrero, con el propósito de facilitar la discusión y difusión del contenido de estas propuestas legislativas entre la población y actores sociales.
En la Cámara de Diputados, los principales partidos oficialistas, PDC y Unidad, habían manifestado su intención de avanzar con el tratamiento de los proyectos y convocaron a sesiones para este fin. Sin embargo, no se incluyó en la agenda el anteproyecto presentado por el diputado Israel Mérida, a pesar de haber sido presentado con anterioridad a las otras iniciativas.
Entre las propuestas destaca el denominado “proyecto de ley antibloqueos”, impulsado por el diputado Carlos Alarcón (Unidad), que contempla eximir de responsabilidad a policías y militares en caso de que se produzcan víctimas durante bloqueos. Otra iniciativa, presentada por la diputada María Soruco Chacón (Unidad), propone la incorporación de nueve tipos penales para sancionar a quienes participen en bloqueos de caminos, además de abordar temas relacionados con el desabastecimiento y la protección de la protesta social lícita y pacífica.
Por su parte, en el Senado, la senadora Claudia Mallón ha planteado modificar el artículo 213 del Código Penal para establecer penas de privación de libertad de ocho a diez años para quienes bloqueen o interrumpan el libre tránsito en carreteras principales o caminos secundarios, o pongan en riesgo la seguridad y continuidad del transporte público por cualquier medio, incluso si el flujo no se ve totalmente interrumpido.
El senador José Ormachea indicó que aún no se ha conformado la comisión integrada que el pleno del Senado acordó para analizar estos proyectos, y que esta decisión quedará pendiente para la próxima sesión. Mientras tanto, el presidente de la Cámara Alta, Diego Ávila, adelantó que se llevará adelante un proceso de socialización de las iniciativas.
En respuesta a estas propuestas, diversas organizaciones sociales, entre ellas la Central Obrera Boliviana (COB) y los sectores mineros, han declarado estado de emergencia, manifestando su rechazo y advirtiendo que no permitirán la aprobación de estas leyes. Estas agrupaciones han comenzado a articular sus propias propuestas en defensa de sus derechos y la protesta social
