La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) lleva a cabo un exhaustivo seguimiento patrimonial sobre las cuentas bancarias de 72 personas relacionadas con supuestos casos de corrupción y enriquecimiento ilícito. Entre los investigados figuran los dos hijos del expresidente Luis Arce, Ernesto Rafael y Marcelo Arce Mosqueira, así como el propio exmandatario.
El viceministro de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos, Yamil García, informó que su cartera solicitó a la UIF los informes correspondientes, en el marco de las investigaciones derivadas de denuncias recibidas. Hasta el momento, se han requerido 72 informes de rastreo patrimonial que aún están pendientes de entrega, pero se espera contar con ellos en los próximos días.
El seguimiento a los hermanos Arce Mosqueira corresponde a diversas causas vinculadas a corrupción y presunto enriquecimiento ilícito en detrimento de bienes estatales. Tras el cambio de Gobierno en noviembre de 2025, el presidente Rodrigo Paz ordenó una auditoría general en ministerios y entidades públicas, revelando una situación de corrupción generalizada que alcanzó a exautoridades, incluido el expresidente Arce y su entorno familiar.
Este proceso de rastreo es fundamental para el Ministerio de Transparencia, ya que permitirá presentar denuncias formales por legitimación de ganancias ilícitas y enriquecimiento ilícito con afectación al Estado. Según García, las personas bajo investigación incluyen exautoridades y allegados del anterior Gobierno, abarcando sectores como hidrocarburos, Emapa y el Fondo Indígena, aunque no se han divulgado detalles específicos sobre los nombres involucrados.
Respecto a los hijos del exmandatario, Ernesto Rafael y Marcelo Arce Mosqueira enfrentan investigaciones por diferentes casos. Marcelo está siendo indagado por su presunta participación en entidades estatales del sector hidrocarburos, mientras que Ernesto Rafael cuenta con al menos tres procesos penales por corrupción, incluyendo la compra de un terreno valorado en 3.3 millones de dólares, la detección de un patrimonio inusual superior a 755.000 dólares en La Paz y movimientos económicos millonarios por alrededor de 7 millones de bolivianos, además de la transferencia de varios inmuebles durante la gestión pasada.
El viceministro García destacó que es probable que exista un patrimonio aún mayor vinculado a estas investigaciones, por lo que se trabaja en coordinación con las instituciones encargadas para rastrear todos los bienes relacionados con actos de corrupción.
En cuanto a la situación judicial, Ernesto Rafael Arce Mosqueira fue declarado en rebeldía tras no presentarse a una audiencia de medidas cautelares y no justificar su ausencia. Ante esto, se emitió una orden de aprehensión y se solicitó la activación del sello rojo de Interpol para su captura, lo que permite su detención en cualquier lugar donde se encuentre.
Por su parte, el proceso contra Marcelo Arce se encuentra en una etapa inicial, sin que aún se haya determinado su grado de participación en los hechos investigados. El viceministro indicó que divulgar información financiera o patrimonial en esta fase podría obstaculizar las pesquisas.
Se confirmó que el rastreo patrimonial de Marcelo está vinculado a su rol en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), donde presuntamente operaba desde un piso exclusivo para la toma de decisiones relacionadas con recursos públicos del sector hidrocarburos, en conjunto con otras personas.
Finalmente, el viceministro hizo un llamado a quienes tengan conocimiento o hayan participado en actividades relacionadas con estos casos, ya sea como funcionarios, técnicos o miembros de comisiones, a proporcionar información. El Gobierno aseguró que protegerá a quienes colaboren como testigos o víctimas durante el proceso investigativo. Según García, aunque la investigación en hidrocarburos está en una fase preliminar, se espera documentar de manera precisa los nexos existentes en esta causa
