El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, expresó su visión de transformar al país en una potencia minera mediante la atracción de inversiones bajo un marco de reglas claras, contratos transparentes y preservando la soberanía nacional. Durante el lanzamiento del Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE) en Potosí, destacó la importancia de generar un ambiente propicio para la inversión extranjera, comparando la receptividad de Bolivia con la de otros países que, pese a condiciones adversas, reciben negocios internacionales.
Paz subrayó que mientras naciones como Perú y Chile movilizan decenas de miles de millones de dólares anuales en minería, Bolivia, a pesar de contar con una riqueza mineral superior, apenas alcanza cifras significativamente menores. Enfatizó que con un marco regulatorio claro y la atracción de capitales, el país tiene el potencial de desarrollar el yacimiento minero más grande del mundo. Además, hizo un llamado a la unidad nacional para evitar actos de corrupción y fomentar alianzas que permitan una distribución equitativa de los beneficios, especialmente bajo el modelo de reparto 50/50, lo que contribuiría a mejorar sectores clave como la educación y la salud en las comunidades.
En materia energética, el mandatario anunció la intención de impulsar nuevas exploraciones de gas, señalando la existencia de nuevos pozos, y la elaboración de una nueva ley sobre evaporíticos que contemple capacidades en químicas básicas, siempre bajo principios de transparencia y reglas definidas. Afirmó su disposición a dialogar únicamente con actores comprometidos con contratos claros y alejados de posturas populistas.
En cuanto a infraestructura, Paz informó sobre gestiones para fortalecer la relación bilateral con Chile, especialmente en temas comerciales vinculados a la frontera regional. Asimismo, confirmó compromisos para concluir la construcción del aeropuerto local y poner en marcha una planta de cemento, proyectos que buscan dinamizar el desarrollo regional. No obstante, reiteró su rechazo a los bloqueos de caminos, aunque aclaró que no está vinculado a la ley antibloqueo actualmente en discusión en la Asamblea Legislativa Plurinacional
