Una investigación penal ha puesto al descubierto una serie de irregularidades en la adquisición y construcción del nuevo edificio de la Gerencia Regional de la Aduana Nacional en Tarija, que habrían provocado un perjuicio económico al Estado superior a los 9 millones de bolivianos solo en la etapa de edificación. La denuncia, presentada por autoridades del Viceministerio de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos, fue admitida por la Fiscalía Departamental y apunta a posibles actos de corrupción, sobreprecios y procedimientos irregulares que involucran la compra del terreno y la obra posterior.
El proceso inició en 2017 con la licitación para la compra de un terreno de al menos 1.000 metros cuadrados. En la primera convocatoria, la oferta presentada por el vendedor del terreno fue rechazada por no cumplir con los requisitos técnicos. Sin embargo, en una segunda licitación, el mismo oferente resultó adjudicado pese a presentar un precio casi un millón de bolivianos superior al de su competidor, cuya propuesta fue descalificada por observaciones técnicas. La parcela adquirida, ubicada en el barrio Germán Busch, no cumplía con las condiciones exigidas en la licitación, ya que no estaba debidamente subdividida ni contaba con planos aprobados, además de presentar deficiencias urbanísticas como un solo acceso vehicular y estar ubicada en una zona con riesgo de inundación. La entrega física del terreno se retrasó y la inscripción legal a nombre del Estado se concretó casi dos años después, con una superficie menor a la acordada.
En cuanto a la construcción del edificio, iniciada años después bajo una nueva administración, la licitación para la obra también presenta indicios de direccionamiento. La empresa ganadora obtuvo una calificación técnica casi perfecta, superando por poco a sus competidores, y firmó un contrato por un monto que, según peritajes, supera en un 56% el costo referencial por metro cuadrado para construcciones de calidad en la región. Además, la obra comenzó sin contar con la aprobación municipal de los planos y se emplazó en una zona que contraviene el Plan de Uso de Suelo, que establece que las instituciones públicas deben ubicarse en el sector norte de la ciudad. Técnicamente, la cimentación realizada no es adecuada para las características del terreno, lo que ha provocado filtraciones de agua en el subsuelo. También se registran retrasos significativos en el cronograma de ejecución, que ya ha superado el plazo originalmente establecido.
Las personas señaladas en la denuncia incluyen a la ex presidenta ejecutiva de la Aduana Nacional, al representante legal de la empresa constructora y al vendedor del terreno. Se les atribuyen presuntos delitos como incumplimiento de contratos, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, debido a la autorización y ejecución de un proyecto con sobreprecio, deficiencias técnicas y sin respetar las normativas vigentes, ocasionando un daño económico considerable al Estado.
Las autoridades que impulsaron la denuncia solicitaron a la Fiscalía la realización de diversas diligencias, entre ellas la obtención de toda la documentación contractual, una inspección técnica del inmueble y la imputación formal de los implicados, además de medidas cautelares para resguardar los bienes involucrados. Aunque se intentó obtener declaraciones de los señalados, no se logró contacto directo. Por su parte, una visita al lugar reveló movimientos de materiales y herramientas relacionados con la obra, aunque el acceso al interior del edificio estuvo restringido. Este caso ha encendido las alarmas en las entidades de control estatal y pone en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de transparencia y supervisión en la administración pública
