El presidente del Estado ha promulgado el Decreto Supremo 5534 con el objetivo central de mantener estable el precio final al consumidor del Gas Licuado de Petróleo (GLP) en todo el territorio nacional. Esta medida responde a la necesidad de garantizar la accesibilidad y estabilidad en el suministro de este combustible esencial, que es ampliamente utilizado en los hogares y sectores productivos del país.
El decreto establece un marco regulatorio específico para la cadena de precios del GLP producido en plantas nacionales, con un tratamiento detallado de los componentes que conforman su costo. Esta regulación busca evitar fluctuaciones abruptas en el precio final que podrían afectar tanto a los consumidores como a la economía doméstica. De esta manera, se asegura que las variaciones en los costos de producción o distribución no se trasladen directamente al usuario final, manteniendo así un precio justo y controlado.
Además, la norma otorga facultades al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para emitir Notas de Crédito Fiscal a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Estas notas actuarán como una forma de subvención para compensar posibles pérdidas o costos adicionales que pueda enfrentar YPFB durante un periodo máximo de seis meses desde la publicación del decreto. Este mecanismo financiero es clave para sostener el precio del GLP sin que ello afecte negativamente las finanzas públicas ni la operatividad de YPFB, empresa estatal encargada del abastecimiento y producción del gas licuado.
La implementación práctica del Decreto Supremo 5534 estará sujeta a una reglamentación específica que será emitida mediante Resolución Ministerial por parte del Ministerio de Hidrocarburos y Energías. El plazo establecido para esta reglamentación es de hasta treinta días hábiles tras la publicación oficial del decreto, lo que permitirá definir con mayor precisión los procedimientos y controles necesarios para cumplir con los objetivos planteados.
Actualmente, el precio oficial de una garrafa de GLP se mantiene en Bs 22,50. Este valor ha sido sostenido incluso después de la anulación de la subvención directa sobre los combustibles mediante el Decreto Supremo 5516. Dicho decreto buscó equilibrar criterios fundamentales como la sostenibilidad fiscal, para preservar las finanzas públicas; la equidad social, asegurando que los sectores más vulnerables continúen accediendo al GLP a precios razonables; y la eficiencia económica, promoviendo un uso racional y ordenado del recurso energético.
En este contexto, mantener el precio del GLP representa una medida estratégica para evitar impactos negativos sobre las economías familiares y empresariales, especialmente en un escenario donde los precios internacionales y otros factores pueden generar presiones inflacionarias. La decisión gubernamental refleja una preocupación por preservar tanto la estabilidad económica como el bienestar social, garantizando que un recurso vital como el gas licuado siga siendo asequible para toda la población.
En suma, esta normativa evidencia un esfuerzo coordinado entre diferentes instituciones estatales para regular y subsidiar adecuadamente uno de los insumos energéticos más utilizados en el país. La intervención directa mediante políticas fiscales y reguladoras busca equilibrar intereses económicos con necesidades sociales, evitando así desequilibrios que puedan afectar negativamente a diversos sectores. El seguimiento cercano a esta medida permitirá evaluar su eficacia en mantener precios estables y accesibles durante el periodo establecido
