El Tribunal Supremo Electoral (TSE) se mantiene firme en su decisión de no revertir la anulación de los partidos Acción Democrática Nacionalista (ADN) y Unidad Cívica Solidaridad (UCS), lo que implica la exclusión de sus alianzas y candidatos en las elecciones subnacionales. Esta postura oficial ha generado un clima de creciente tensión y descontento en diversas regiones del país, no solo entre los representantes políticos directamente afectados por esta medida, sino también entre otros movimientos que perciben esta situación como una amenaza a la transparencia y legitimidad del proceso electoral.
El origen de esta controversia se remonta a las elecciones generales de 2025, cuando tanto ADN como UCS no lograron superar el umbral mínimo del 3% de votos requerido para mantener su personería jurídica. La pérdida formal de esta condición fue frenada temporalmente por un recurso presentado ante el Tribunal Constitucional, lo que generó una incertidumbre prolongada sobre la habilitación o no de sus candidaturas en los comicios subnacionales posteriores. Sin embargo, el TSE ha enfatizado que su actuación está estrictamente guiada por la Constitución y la ley electoral vigente, negándose a realizar cualquier acción que contravenga el marco legal establecido.
El presidente del TSE, Gustavo Ávila, ha sido enfático al señalar que no existe margen para modificar la exclusión de estas organizaciones políticas ni para habilitar a sus candidatos. Su declaración refleja una interpretación estricta de las normativas electorales y una voluntad clara de evitar cualquier actuación ilegal, lo que responde a un compromiso institucional con la legalidad y el respeto a las reglas democráticas. No obstante, esta posición ha desencadenado manifestaciones públicas y protestas en distintos departamentos, donde militantes y dirigentes exigen reconsiderar estas decisiones.
En Santa Cruz, por ejemplo, integrantes del partido Libre bloquearon la ruta principal hacia la capital oriental desde el municipio de San Ignacio para exigir al Tribunal Electoral Departamental que permita la participación electoral del candidato Cristian Méndez. Este postulante asegura haber cumplido con todos los requisitos documentales para su inscripción y desconoce las razones formales que motivaron su inhabilitación. Este episodio evidencia cómo el rechazo a ciertas candidaturas no solo afecta a los partidos anulados sino también a otras fuerzas políticas que reclaman condiciones equitativas para competir.
De manera similar, en La Paz se registraron protestas protagonizadas por militantes del Movimiento Tercer Sistema (MTS) del municipio de Teoponte junto con organizaciones sociales locales. El centro de sus demandas fue la habilitación del candidato Genaro Monge Hanco, cuya inscripción enfrenta un aparente problema burocrático: según denuncias formuladas por el asesor legal del MTS, Jorge Poblete, el certificado de no violencia habría desaparecido de los documentos presentados para su inscripción. Esta situación llevó incluso a anunciar un posible recurso constitucional para garantizar su participación electoral e hizo prever serias dificultades para asegurar la realización normal de los comicios en esa jurisdicción si no se resuelve favorablemente esta cuestión.
El conflicto político ha escalado hasta involucrar directamente al presidente Rodrigo Paz mediante un pedido formal realizado por Rafael Quispe, ex candidato a gobernador de La Paz por UCS y conocido líder político popularmente apodado “Tata”. Quispe solicitó expresamente la destitución inmediata del presidente del TSE, Gustavo Ávila, argumentando que este último habría concluido ya su mandato como vocal electoral en diciembre de 2025 pero continúa ejerciendo funciones sin una renovación oficial válida. Esta acusación apunta al supuesto incumplimiento constitucional respecto al tiempo límite del cargo y cuestiona la legitimidad misma del liderazgo actual del TSE.
Además, Quispe envió dos cartas formales dirigidas al presidente del TSE: en una solicita documentación oficial que respalde legalmente el nombramiento vigente de Ávila como vocal; en otra exige un informe detallado sobre las causas específicas que motivaron su inhabilitación como candidato a gobernador. Estas acciones reflejan una estrategia orientada a exigir transparencia total sobre los procedimientos administrativos aplicados y buscan fundamentar futuras acciones legales si no obtiene respuestas satisfactorias.
Ante este escenario complejo y polarizado, Quispe anunció también su participación en una reunión convocada por el vicepresidente Edmand Lara junto con líderes políticos cuyas agrupaciones fueron anuladas. El objetivo es coordinar acciones conjuntas contra las determinaciones adoptadas por el TSE, bajo un marco donde se plantea incluso la creación de una comisión investigadora respaldada desde la Asamblea Legislativa Plurinacional. Este encuentro pretende articular respuestas políticas frente a lo que algunos sectores consideran una vulneración grave de derechos políticos fundamentales.
En resumen, mientras el Tribunal Supremo Electoral mantiene inamovible su postura basada en criterios legales estrictos para garantizar la integridad del proceso electoral subnacional, crece un movimiento crítico amplio compuesto por partidos excluidos y otras organizaciones políticas que cuestionan esa decisión e incluso amenazan con afectar el normal desarrollo electoral mediante protestas o recursos judiciales. Esta confrontación pone en evidencia tensiones profundas entre autoridades electorales y actores políticos sobre cómo interpretar y aplicar las normas electorales vigentes sin afectar derechos ciudadanos básicos ni poner en riesgo la gobernabilidad local durante este ciclo comicial crucial para diversas regiones del país
