El reciente reconocimiento oficial sobre la presencia de combustible de mala calidad en el mercado ha desatado una serie de reacciones que evidencian un problema complejo y con consecuencias directas para los usuarios y el sector automotriz. El ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, admitió que se detectó un deterioro en la calidad del carburante, atribuyendo esta situación a problemas heredados de la administración anterior. Según explicó, residuos dejados por esa gestión afectaron la mezcla del combustible importado recientemente, lo que motivó un proceso exhaustivo de análisis para identificar la raíz del inconveniente.
Las investigaciones realizadas por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) se extendieron durante dos semanas y contaron con el apoyo de laboratorios altamente sofisticados, donde se detectaron componentes nocivos como manganeso y goma en el carburante. Estos elementos son indicativos claros de contaminación o mezcla inadecuada que compromete la calidad del combustible distribuido a nivel nacional. Frente a esta situación, las autoridades han planteado como solución reducir la proporción de etanol en la mezcla y aumentar el porcentaje de gasolina con mejores estándares de calidad. De hecho, ya se han comenzado a implementar ajustes técnicos que buscan corregir este problema para evitar su recurrencia.
Por otro lado, la repercusión sobre los usuarios ha sido directa y considerable. En particular, los choferes urbanos han denunciado daños en más de un centenar de vehículos solo en La Paz, producto del uso prolongado de esta gasolina contaminada. La Federación de Choferes Urbanos de La Paz Chuquiago Marka ha manifestado su intención de exigir al Gobierno una compensación económica por los perjuicios ocasionados, resaltando que muchos conductores han tenido que realizar reparaciones costosas e incluso reemplazar motores dañados. Este reclamo no es aislado; otras federaciones departamentales y municipales también están evaluando presentar denuncias similares ante las autoridades competentes.
El malestar del sector transportista se suma a una serie de advertencias previas sobre la calidad del combustible que vienen realizando desde administraciones anteriores. Los dirigentes han señalado que actualmente pagan un precio completo por una gasolina sin subsidios pero exigen recibir un producto garantizado y seguro para sus vehículos. La gravedad del daño se refleja también en las alertas emitidas por profesionales especializados como el Colegio de Ingenieros Mecánicos de Bolivia (CIMB). Según sus evaluaciones, al menos el 60% de los vehículos que ingresan a talleres lo hacen por problemas relacionados directamente con la mala calidad del carburante.
Los expertos mecánicos explican que los efectos nocivos afectan principalmente al sistema de inyección, pieza clave para el correcto funcionamiento del motor. La utilización continua de combustible adulterado genera obstrucciones y fallas severas que disminuyen el rendimiento vehicular. Entre los síntomas más evidentes están la pérdida notable de potencia y ruidos irregulares durante la aceleración, conocidos técnicamente como “cascabeleo” o “tecleos”, señales claras que indican una combustión deficiente y daños progresivos al motor.
En este contexto, las autoridades han sido instadas a compartir información técnica más detallada sobre las características del combustible distribuido para facilitar un análisis comparativo riguroso desde diferentes sectores especializados. Esta transparencia podría contribuir a establecer mecanismos efectivos para garantizar la calidad del carburante y prevenir futuros episodios similares.
Finalmente, mientras el Gobierno asegura estar implementando medidas correctivas para solucionar este problema técnico reconocido públicamente hace pocos días, persiste una creciente presión social por parte del sector transporte y usuarios afectados. Las amenazas explícitas sobre posibles protestas si no se atienden las demandas económicas reflejan un escenario tenso donde es imprescindible actuar con rapidez y responsabilidad para resarcir daños materiales y recuperar la confianza en uno de los insumos básicos para la movilidad diaria en el país
