La dirigencia del transporte público en Oruro ha decidido intensificar sus acciones de protesta ante la aparente falta de respuesta y soluciones por parte de las autoridades de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). La problemática central gira en torno a la calidad del combustible suministrado, el cual, según los transportistas, ha provocado daños significativos en los motores de sus vehículos, afectando directamente la operatividad del servicio y generando pérdidas económicas para el sector.
Desde tempranas horas, los choferes y dirigentes se concentraron en las inmediaciones de las instalaciones de YPFB, donde inicialmente solicitaron una solución inmediata a esta situación que consideran grave. La falta de respuestas claras o acciones concretas por parte de las entidades responsables llevó a que decidieran no solo mantener un bloqueo en la zona, sino también establecer una vigilia permanente como forma de presión. Esta medida refleja el nivel de frustración y preocupación que atraviesa el sector del transporte público en Oruro.
La denuncia principal radica en que aproximadamente el 70% de los vehículos afiliados a esta organización se encuentran actualmente fuera de servicio debido a daños técnicos provocados presuntamente por la mala calidad del combustible. Esto implica que un gran número de minibuses y otros vehículos han tenido que ser trasladados a talleres mecánicos o eléctricos para su reparación, lo que repercute negativamente no solo en los ingresos de los conductores sino también en la movilidad diaria de la población usuaria del transporte público.
Ante esta situación, la dirigencia ha elevado su reclamo solicitando la destitución inmediata de los gerentes regionales responsables tanto en ANH como en YPFB y Logística, argumentando que existe una evidente incapacidad para gestionar adecuadamente esta crisis. La exigencia apunta a responsabilidades directas por la falta de control efectivo sobre la calidad del combustible distribuido y la ausencia de mecanismos para atender las denuncias presentadas por los transportistas.
Esta protesta no solo evidencia un conflicto puntual entre el sector transporte y las entidades hidrocarburíferas, sino que también pone sobre la mesa una discusión más amplia respecto al control y regulación del combustible en el país. La afectación a los motores puede tener consecuencias directas en la seguridad vial y el mantenimiento vehicular, además del impacto económico negativo para quienes dependen exclusivamente del transporte público como medio de subsistencia.
En este contexto, la movilización masiva y prolongada busca llamar la atención no solo localmente sino también a nivel nacional sobre una problemática que afecta a cientos de familias. El bloqueo sostenido alrededor de YPFB y la vigilia constante son manifestaciones claras del descontento acumulado y una estrategia para forzar un diálogo efectivo con las autoridades competentes.
La situación permanece tensa mientras se aguarda una respuesta concreta por parte de YPFB y la ANH. La población orureña se encuentra expectante ante el desarrollo de este conflicto, dado que las interrupciones prolongadas al servicio habitual pueden generar mayores complicaciones en el transporte urbano e interurbano. Además, este caso resalta la importancia de mantener estándares rigurosos en el suministro energético para evitar repercusiones negativas tanto para usuarios finales como para los sectores productivos vinculados al transporte.
En definitiva, esta crisis pone en evidencia deficiencias estructurales dentro de las instituciones encargadas del sector hidrocarburífero regional, al tiempo que subraya la necesidad urgente de establecer canales efectivos para atender reclamos legítimos y evitar afectaciones prolongadas a servicios básicos esenciales como es el transporte público. Mientras tanto, los dirigentes insisten en mantener sus medidas hasta obtener respuestas satisfactorias que garanticen un combustible con calidad adecuada y reparaciones justas para los vehículos afectados
