La inminencia del vencimiento de la ley 1352 ha generado una intensa movilización en el Senado, que ha decidido convocar una sesión extraordinaria para este sábado con el propósito de aprobar un proyecto de ley de arraigo obligatorio. Esta medida busca evitar que se consuma el término legal establecido en la normativa vigente, que expira el próximo domingo 8 de febrero. La convocatoria a esta sesión, inédita por realizarse en sábado, refleja la urgencia con la que los legisladores oficialistas están actuando para mantener bajo control las restricciones a los exfuncionarios del gobierno anterior.
El senador José Roca Haensel, representante de la bancada oficialista Unidad, confirmó que la sesión se llevará a cabo a las cinco de la tarde y será ejecutada mediante la plataforma virtual Zoom. Esta modalidad mixta responde a una realidad práctica: muchos legisladores ya han regresado a sus regiones y no permanecen en la sede del Gobierno, por lo que se habilitará la participación presencial para quienes estén en La Paz y remota para el resto. El objetivo es asegurar el quórum necesario para aprobar rápidamente la nueva ley antes de que concluya el plazo establecido por la ley 1352.
Esta última normativa impone una permanencia obligatoria dentro del país durante un período de 90 días para ciertos exfuncionarios, plazo que está próximo a cumplirse. Si el Senado no logra sancionar una nueva regulación antes del domingo y ésta es promulgada por el Ejecutivo, los exfuncionarios vinculados al gobierno anterior podrían desplazarse sin restricciones legales desde esa fecha. Este escenario ha llevado al oficialismo a apurar los tiempos legislativos, evidenciado por el rápido trámite del proyecto: ingresó al Senado alrededor de las once de la mañana del viernes y fue derivado a Secretaría General poco después del mediodía. La convocatoria formal a sesión se publicó finalmente a última hora de esa misma jornada.
El contexto político y administrativo también se ve reflejado en las declaraciones de Sandra Quiroga, contralora interina, quien valoró positivamente la intención parlamentaria de aprobar esta norma complementaria. Señaló además que los tres meses contemplados por la ley 1352 para recopilar informes y declaraciones resultaron insuficientes para completar todas las investigaciones y procesos administrativos pendientes respecto a los exfuncionarios. Esto subraya la necesidad percibida desde distintas instancias institucionales para extender o reforzar las medidas restrictivas y garantizar un escrutinio exhaustivo.
En suma, esta situación pone en evidencia un momento crítico en el ámbito legislativo nacional, donde los tiempos legales y políticos convergen para definir el alcance del control sobre exautoridades gubernamentales. La decisión del Senado de sesionar en sábado y adoptar formatos mixtos demuestra una adaptación acelerada ante desafíos operativos y políticos urgentes. Para la ciudadanía involucrada, esta dinámica tiene implicaciones directas sobre la transparencia administrativa y el seguimiento a funcionarios públicos tras su gestión, aspectos clave en un contexto donde se busca fortalecer mecanismos de rendición de cuentas y evitar posibles fugas o dilaciones en procesos legales o administrativos pendientes. El resultado final de esta sesión determinará si se mantiene o modifica el régimen actual justo antes del vencimiento del plazo estipulado por la ley 1352, marcando un precedente importante en materia legislativa y política nacional
