El sector cañero de Bolivia se encuentra en un estado de alerta máxima debido a la incertidumbre generada por la posible reducción en la demanda de etanol por parte de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Esta situación ha provocado que los productores agrupados en la Comisión Nacional de Productores Cañeros de Bolivia (Concabol) declaren una emergencia, ante el riesgo latente que representa para la actividad y su cadena productiva.
Alcides Córdoba, vicepresidente de Concabol, ha expresado su profunda preocupación por un escenario que podría desencadenar consecuencias graves no solo para los productores sino también para toda la industria vinculada al sector cañero. Según sus declaraciones, el programa de producción y comercialización de etanol es una iniciativa que nació hace siete años sin requerir inversión estatal directa, ya que se sustenta completamente en capital privado aportado por los productores y las industrias dedicadas al proceso. Este dato es relevante porque pone en evidencia el compromiso y la responsabilidad asumida por el sector para generar un producto que contribuye significativamente a la economía nacional.
El dirigente explicó que existía un compromiso claro con YPFB respecto a cerrar cada gestión con volúmenes concretos de venta, los cuales servían como base para planificar futuras producciones. Para el año 2025, se había proyectado una comercialización superior a los 240 millones de litros de etanol; sin embargo, hasta ahora no se ha alcanzado ni siquiera el 68% del volumen comprometido. Esta brecha entre lo esperado y lo logrado ha generado una creciente incertidumbre entre los productores, quienes observan con inquietud cómo en los últimos días se han reducido todavía más los retiros del biocombustible.
En respuesta a esta problemática, Concabol ha programado una reunión con representantes de YPFB, prevista para el jueves siguiente al anuncio, con la expectativa de obtener un pronunciamiento oficial que despeje dudas y permita definir el rumbo del acuerdo. La presencia del ministro de Hidrocarburos en este encuentro es esperada como un gesto de compromiso gubernamental para abordar la crisis. Córdoba enfatizó que es fundamental que tanto YPFB como las autoridades comprendan el costo económico y social que implica para el sector mantener activo este programa, que ha permitido al país ahorrar más de 600 millones de dólares. Este ahorro se deriva del uso del etanol como aditivo en las gasolinas, reduciendo la dependencia total de combustibles fósiles importados o producidos exclusivamente por hidrocarburos tradicionales.
Por su parte, Yussef Akly, presidente de YPFB, afirmó que no está prevista una modificación en el porcentaje legalmente establecido para la mezcla obligatoria de etanol con gasolina, situado entre un 8% y 12%. Sin embargo, no aclaró cuál será el volumen total requerido al sector cañero durante esta gestión, lo cual contribuye a mantener la incertidumbre sobre las perspectivas reales del mercado para los productores.
La declaración formal de emergencia adoptada por Concabol refleja un estado crítico dentro del sector cañero. Los líderes advierten que si no se alcanzan soluciones concretas a corto plazo podrían verse forzados a implementar medidas más drásticas. Entre estas contemplan convocar a una asamblea nacional para definir acciones conjuntas encaminadas a defender sus intereses y garantizar la continuidad productiva. Se trata no solo del bienestar económico inmediato sino también del futuro mismo del sector, cuya sobrevivencia depende directamente del volumen demandado por YPFB.
Las inversiones realizadas por las industrias cañeras han sido significativas e incluyen maquinaria especializada destinada a mejorar el rendimiento en la producción de etanol. Actualmente cuentan con capacidad instalada para abastecer más de 300 millones de litros anuales conforme a las necesidades planteadas por YPFB. Esta infraestructura demuestra que existe margen suficiente para cumplir e incluso superar las metas previstas si se mantiene un compromiso firme desde las autoridades estatales.
No obstante, existe desconcierto entre los productores frente a lo que consideran un retroceso injustificado cuando el camino lógico sería avanzar hacia mayores niveles de producción y comercialización. La reducción o ajuste en los acuerdos afecta directamente a cuatro ingenios dedicados exclusivamente a producir etanol pero también perjudica indirectamente a todos los cañeros involucrados en esta cadena productiva. La amenaza latente es clara: si disminuye la demanda oficial dejarán de sembrar caña y perderán fuentes importantes de empleo, lo cual tendría efectos devastadores sobre comunidades rurales y sobre la economía local vinculada al cultivo y transformación industrial.
En medio del conflicto suscitado recientemente sobre la calidad del combustible distribuido por YPFB —que provocó denuncias públicas debido a supuestos daños ocasionados en motores vehiculares— Córdoba defendió enfáticamente al etanol producido por el sector cañero. Aseguró que este aditivo cumple rigurosamente con las normas técnicas vigentes y recordó que lleva siete años siendo utilizado sin reportes previos sobre problemas relacionados con su uso. Por ello consideró infundadas las sospechas acerca del rol del etanol en estos inconvenientes mecánicos denunciados por algunos conductores.
Para garantizar transparencia y calidad en todos los procesos relacionados con combustibles líquidos destinados al mercado interno, existen entidades regulatorias como la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), cuya función principal es supervisar y certificar estándares técnicos aplicables al sector energético. La intervención institucional es clave para disipar dudas ciudadanas y asegurar confianza tanto en proveedores como consumidores finales.
En definitiva, este conflicto pone sobre la mesa aspectos cruciales vinculados al desarrollo sostenible del sector agroindustrial boliviano y su integración con políticas energéticas nacionales. La continuidad o ajuste en los volúmenes demandados impacta directamente sobre generación empleo rural, inversiones privadas realizadas sin apoyo estatal directo y ahorro fiscal derivado del uso eficiente e innovador del recurso renovable representado por el etanol. Mientras tanto, las negociaciones entre productores e instituciones estatales serán decisivas para definir si se logra estabilizar esta problemática o si se profundizan tensiones cuyo desenlace podría afectar significativamente al país desde múltiples perspectivas económicas y sociales
