El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reveló recientemente que estuvo involucrado en un intento de asesinato mientras se desplazaba en un helicóptero, un hecho que pone en evidencia la compleja y peligrosa situación de seguridad que enfrenta en su mandato. Según sus declaraciones, la noche del lunes tuvo que modificar su ruta y evitar aterrizar en el departamento de Córdoba, una región clave del Caribe colombiano, debido a una amenaza directa contra su vida. Petro explicó que durante cuatro horas permaneció en mar abierto para evadir un posible ataque armado contra la aeronave en la que viajaba, logrando así escapar de lo que calificó como un intento de asesinato.
Este episodio se da en un contexto marcado por una escalada significativa de violencia en el país, situación que se intensifica justo cuando se aproximan las elecciones presidenciales dentro de tres meses. Cabe destacar que Petro no puede presentarse a la reelección por mandato legal, lo que añade un matiz particular a las tensiones políticas y sociales actuales. Desde su llegada al poder en agosto de 2022, el presidente ha denunciado la existencia de una “nueva junta del narcotráfico” empeñada en acabar con su vida. Este grupo estaría compuesto por narcotraficantes radicados fuera del país y guerrilleros vinculados a disidencias armadas, entre ellos Iván Mordisco, uno de los criminales más buscados y líder principal de una facción disidente de las antiguas FARC.
El departamento de Córdoba es también escenario del accionar del Clan del Golfo, considerado el mayor cártel narcotraficante colombiano. Este grupo ha tenido un papel fundamental en las recientes tensiones con el gobierno tras decidir suspender los diálogos de paz. La decisión fue tomada después de que Petro anunciara junto al presidente estadounidense Donald Trump una operación conjunta para capturar al líder del Clan, conocido como alias Chiquito Malo. Esta dinámica refleja la complejidad del conflicto entre el Estado y las organizaciones criminales que operan dentro del territorio nacional.
Además del intento reciente contra su vida durante el vuelo, Petro denunció la destitución de un general de policía involucrado en acciones para sabotear su agenda internacional. Según el mandatario, este oficial intentó colocar sustancias psicoactivas en su vehículo con el objetivo de afectar negativamente la reunión programada con Donald Trump en la Casa Blanca. Esta acusación también forma parte del entramado conflictivo alrededor del presidente, quien ha sido objeto de señalamientos relacionados con consumo de drogas, los cuales él mismo ha desmentido categóricamente.
La historia política colombiana está marcada por episodios trágicos relacionados con la violencia contra dirigentes políticos de izquierda. Numerosos candidatos presidenciales y líderes han sido asesinados debido a alianzas entre narcotraficantes, grupos paramilitares y ciertos sectores dentro del Estado. En este sentido, Petro representa un caso emblemático como primer presidente izquierdista electo en Colombia y enfrenta riesgos significativos derivados tanto por su ideología como por sus políticas.
Cabe recordar que anteriormente, durante 2024, Petro ya había denunciado otro supuesto intento de asesinato que le impidió asistir a un desfile militar celebrado el 20 de julio. Desde sus tiempos como senador opositor y candidato presidencial, siempre estuvo bajo estricta protección policial; incluso sus escoltas utilizaban escudos blindados para garantizar su seguridad durante actos públicos. En ese periodo denunció específicamente amenazas provenientes de narcotraficantes vinculados a la región cafetera colombiana.
En definitiva, estos hechos evidencian no solo los desafíos personales enfrentados por Gustavo Petro sino también las complejas relaciones entre política, crimen organizado y seguridad nacional en Colombia. La persistencia de estas amenazas subraya la fragilidad institucional frente a actores ilegales dispuestos a utilizar la violencia para influir o detener procesos democráticos y reformas impulsadas desde el Ejecutivo. La situación actual genera preocupación sobre el impacto que esta violencia pueda tener sobre la estabilidad política y social del país durante los próximos meses cruciales para su futuro
