El presidente ejecutivo de la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM), ingeniero Álvaro Tejerina Olivera, ha dado un paso contundente en la búsqueda de esclarecer y sancionar posibles irregularidades que han afectado a esta estratégica entidad estatal. En un acto formal realizado ante el fiscal de Materia del Ministerio Público del departamento de Santa Cruz, presentó una querella penal contra exfuncionarios vinculados con presuntos incumplimientos contractuales y daños económicos que habrían causado perjuicio al Estado boliviano. Esta acción judicial se sustenta en diversas disposiciones del Código Penal, incluyendo delitos como resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado, incumplimiento de contratos y conductas antieconómicas.
La querella involucra directamente a tres personas que desempeñaron roles clave en la administración y supervisión del proyecto siderúrgico: Jorge Alvarado Rivas, quien fungió como presidente ejecutivo interino de la ESM; Álvaro Gabriel Guzmán, ex asesor legal de la empresa; y Justo Luis Ernesto Linares Guzmán, ex fiscal general del denominado Contrato Llave en Mano N° 001/2016-ESM. La denuncia busca abrir un proceso investigativo que permita determinar responsabilidades por las presuntas irregularidades cometidas durante años en la gestión institucional y contractual de esta importante iniciativa productiva.
El anuncio de esta querella se produce en un contexto donde la actual administración ha detectado deficiencias graves en el desarrollo del proyecto siderúrgico. Apenas hace unos días, Tejerina comunicó la decisión de rescindir el contrato con Sinosteel, empresa china responsable de ejecutar el Complejo Siderúrgico del Mutún bajo un esquema “llave en mano” valorado en cerca de 400 millones de dólares. Las observaciones detectadas abarcan desde fallas en licencias ambientales hasta problemas estructurales en las obras civiles. Además, se evidenció que Sinosteel recibió pagos adelantados contra lo estipulado contractualemente, pues los desembolsos debían realizarse conforme al avance físico del proyecto.
Otro punto crítico señalado por Tejerina fue la ausencia de boletas de garantía por parte del contratista, lo que dejó a la Empresa Siderúrgica del Mutún sin mecanismos efectivos para proteger sus intereses frente a incumplimientos o retrasos. El estado general del proyecto estaba marcado por más de 300 observaciones relacionadas con el desarrollo inadecuado y poco transparente. Al asumir funciones a principios de año, la nueva administración constató que la planta no estaba operativa ni entregada como lo establecía el compromiso inicial, que contemplaba una producción conjunta entre ingenieros bolivianos y chinos dentro del plazo acordado.
La decisión sobre la rescisión contractual se fundamenta estrictamente en los términos legales y contractuales vigentes. No obstante, ESM otorgó un plazo adicional para que Sinosteel presente un plan detallado con un cronograma máximo de seis meses para corregir las deficiencias y poner en marcha las instalaciones. Esta medida refleja una intención clara por parte del gobierno y la empresa estatal para preservar el potencial estratégico del proyecto pero bajo condiciones transparentes y responsables.
Este complejo siderúrgico representa una apuesta fundamental para Bolivia debido a su ubicación sobre uno de los mayores yacimientos de hierro a nivel mundial: El Mutún. Con reservas estimadas en 40 mil millones de toneladas de hierro y 10 mil millones de toneladas adicionales de manganeso, este recurso tiene el potencial no solo para abastecer internamente sino también para posicionar al país como un actor relevante en el mercado regional e internacional del acero. La explotación adecuada permitirá reducir significativamente la dependencia histórica del país respecto a importaciones siderúrgicas.
La meta planteada por ESM es ambiciosa pero alcanzable: producir anualmente 200 mil toneladas tanto de barras corrugadas como alambrón. Esta producción cubriría aproximadamente la mitad del consumo nacional actual, logrando así sustituir importaciones por un volumen considerable. Además, se proyectan ingresos superiores a los 175 millones de dólares anuales que fortalecerían las finanzas públicas y contribuirían al desarrollo industrial local.
La querella presentada es solo el inicio formal para abordar problemas estructurales que han afectado durante más dos décadas a este proyecto emblemático. La investigación judicial pretende identificar claramente responsabilidades individuales mientras se avanza simultáneamente con auditorías internas para evaluar detalladamente cada etapa contractual e institucional involucrada. El compromiso expresado por Tejerina deja claro que no habrá impunidad frente a actos que hayan generado perjuicios económicos al Estado ni afecten negativamente el desarrollo productivo nacional.
En definitiva, esta acción legal representa una muestra palpable del esfuerzo gubernamental por transparentar proyectos estratégicos fundamentales para Bolivia, garantizando su viabilidad técnica y financiera. La Empresa Siderúrgica del Mutún sigue siendo una pieza clave dentro del esquema industrial nacional cuyo éxito depende no solo del aprovechamiento óptimo de sus recursos naturales sino también del cumplimiento estricto e íntegro de sus compromisos contractuales y administrativos. Para los habitantes locales, especialmente los porteños y residentes de la provincia Germán Busch en Santa Cruz, este proceso es relevante porque impacta directamente su entorno económico y social mediante generación empleo e ingresos sostenibles derivados del desarrollo industrial siderúrgico nacional
