La exmandataria de la Aduana, Karina Serrudo, enfrenta una denuncia formal que implica serias acusaciones relacionadas con la adquisición de dos escáneres para la institución que dirigía durante el gobierno de Luis Arce. Según informó el viceministro de Transparencia, Yamil García, los cargos que pesan sobre Serrudo incluyen incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado, delitos que se agravan por el monto estimado en perjuicio económico que supera los 10 millones de bolivianos. Esta cifra refleja la gravedad y el impacto potencial en las finanzas públicas derivado de las supuestas irregularidades en la gestión administrativa bajo su responsabilidad.
La investigación se ha intensificado tras la ausencia de Serrudo a la convocatoria realizada por la Fiscalía, donde debía presentarse para declarar en calidad de sindicada. Este incumplimiento ha generado que las autoridades dispongan notificaciones adicionales en sus diversos domicilios, dado que se sabe que posee varias propiedades, con el objetivo de asegurar su comparecencia y avanzar en las pesquisas. La negativa o demora en colaborar con la justicia complica aún más su situación legal y podría interpretarse como una obstrucción al proceso investigativo.
En paralelo, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) junto con fiscales llevaron a cabo un operativo en las oficinas de la Aduana Nacional para realizar un registro exhaustivo del lugar donde se originaron los hechos denunciados. Durante este procedimiento se procedió al secuestro de documentación vinculada a los contratos firmados por Serrudo relacionados con la compra cuestionada. Este material será sometido a un análisis detallado para esclarecer el grado exacto de participación y responsabilidad directa o indirecta que tuvo la exfuncionaria en las decisiones administrativas ligadas a dicha adquisición.
La oficial Cheril Sempertegui explicó que los escáneres adquiridos permanecen actualmente bajo custodia de la Aduana Nacional, lo cual constituye un elemento clave dentro del proceso investigativo. La revisión minuciosa de toda la documentación incautada permitirá establecer si existieron irregularidades formales o sustanciales durante el procedimiento contractual y si estos actos comprometieron los intereses del Estado. Además, esta medida busca aportar evidencias concretas para fundamentar las imputaciones realizadas contra Serrudo.
La situación judicial y administrativa en torno a esta denuncia destaca como un caso emblemático dentro del contexto del control institucional sobre los procesos de contratación pública en Bolivia, enfatizando la necesidad imperiosa de transparencia y responsabilidad en el manejo de fondos estatales. La expectativa está puesta ahora en cómo avanzará esta investigación y cuál será el desenlace respecto a las imputaciones contra una exautoridad cuya gestión está ahora bajo intenso escrutinio por posibles actos contrarios a la legalidad y al interés público. La población sigue atentamente este caso dada su relevancia para garantizar mecanismos efectivos contra actos que puedan dañar las arcas estatales y minar la confianza ciudadana en las instituciones públicas
