El presidente ejecutivo de la Aduana Nacional, Alberto Samuel Soto de la Vía, se pronunció con firmeza respecto a la responsabilidad de los servidores públicos involucrados en el denominado “caso maletas”, un incidente que ha generado gran atención en el ámbito institucional y público. Según sus declaraciones, los funcionarios que estaban de turno en el Aeropuerto Internacional Viru Viru tenían una obligación clara y directa: revisar el equipaje que ingresaba al país, independientemente de que no hubieran recibido instrucciones explícitas de sus superiores para realizar dicha inspección.
Soto subrayó que la normativa vigente, específicamente el Reglamento para el Régimen del Viajero y Control de Divisas, establece de manera taxativa la obligación de revisar los equipajes. En este sentido, hizo hincapié en los artículos 51 y 52 del reglamento, que regulan estas inspecciones como un procedimiento obligatorio para garantizar el control aduanero y evitar irregularidades en la entrada y salida de bienes. Asimismo, aclaró que la posesión de un pasaporte diplomático no exime a ninguna persona del control aduanero, salvo excepciones muy puntuales como las del presidente y vicepresidente del Estado. Esta precisión responde a posibles argumentos utilizados para justificar la omisión del procedimiento formal.
El caso tomó un giro relevante cuando tres exfuncionarios fueron aprehendidos tras prestar declaración ante el Ministerio Público. La investigación preliminar apunta a que no se habría realizado la inspección correspondiente a 31 maletas cuyo paradero aún no ha sido esclarecido por las autoridades competentes. Los implicados han señalado que informaron sobre esta situación a sus superiores inmediatos, pero sostienen que no recibieron una orden formal para proceder con la revisión del equipaje en cuestión. Este hecho pone en debate la cadena de mando y las responsabilidades internas dentro de la institución.
Ante esta situación, Soto enfatizó que los servidores involucrados cuentan con una experiencia significativa dentro de la Aduana Nacional —más de diez años— lo que implica un conocimiento profundo tanto de sus funciones como del marco normativo aplicable. Por ello, recalcó que consultar o esperar una autorización superior no exime a los funcionarios del cumplimiento estricto del reglamento. Esta postura apunta a reforzar la idea de una responsabilidad individual y directa en el cumplimiento de las tareas asignadas durante su turno laboral.
En respuesta al incidente, la Aduana Nacional ha tomado medidas concretas para enfrentar las consecuencias institucionales. Se presentó una querella formal y se activaron procesos administrativos internos dirigidos a todos los servidores que estaban de turno durante el momento en cuestión. Además, se anunció un proceso integral de reestructuración institucional que contempla la incorporación de nuevo personal capacitado y el fortalecimiento continuo en materia normativa y operativa. Estas acciones buscan no solo sancionar eventuales faltas sino también prevenir futuras irregularidades asegurando una aplicación más rigurosa y transparente del control aduanero.
El “caso maletas” permanece en fase investigativa bajo la supervisión directa del Ministerio Público, con la colaboración plena por parte de la Aduana Nacional. La entidad aseguró su compromiso para facilitar toda documentación y elementos probatorios requeridos para esclarecer los hechos con total transparencia. Este episodio pone sobre relieve las implicaciones institucionales y sociales vinculadas al correcto funcionamiento del control fronterizo, fundamental para garantizar la seguridad nacional y evitar actos ilícitos relacionados con el tráfico o contrabando.
En definitiva, este caso ha puesto en evidencia desafíos importantes dentro del sistema aduanero nacional relacionados con la supervisión interna, cumplimiento normativo y responsabilidad funcional. La respuesta oficial apunta hacia una mayor rigurosidad administrativa y operativa destinada a fortalecer los controles aeroportuarios e impedir situaciones similares en el futuro, reafirmando así su compromiso con el orden legal y la confianza ciudadana
