La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (CSTPB) emitieron un pronunciamiento conjunto denunciando un grave atentado contra la integridad física de un periodista en la ciudad de El Alto. Este hecho, ocurrido en horas de la madrugada, ha sido calificado por ambas organizaciones como un intento de asesinato con motivaciones claras para silenciar la labor informativa del comunicador afectado.
El ataque tuvo lugar alrededor de la 01:00 del jueves 12 de febrero, poco después de que el periodista cubriera un acto electoral en la plaza de la Cruz, ubicada en el barrio Villa Adela. Tras concluir su trabajo y regresar a su domicilio, fue interceptado por sujetos desconocidos que lo redujeron por la fuerza y lo introdujeron en un vehículo sin que pudiera oponer resistencia. La identidad del comunicador se mantiene bajo reserva para proteger su seguridad, dada la gravedad del incidente.
Según el reporte oficial proporcionado por la Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de El Alto (FSTPEA), los agresores trasladaron al periodista aproximadamente 15 kilómetros hasta un terreno baldío en la zona conocida como Kiswaras. En ese lugar, fue víctima de agresiones físicas y amenazas directas. Los captores le habrían comunicado que el motivo del ataque era precisamente intentar callar su voz crítica y poner fin a su trabajo periodístico. Este contexto evidencia que el atentado no fue un acto fortuito ni producto de una situación casual, sino una acción premeditada con intenciones criminales.
Tras ser liberado o lograr escapar, el periodista recibió auxilio inmediato y fue trasladado al Hospital Corea, donde tuvo que ser intervenido quirúrgicamente debido a las lesiones sufridas durante el ataque. Posteriormente, recibió el alta médica para continuar con su recuperación. Dos días más tarde, el sábado 14 de febrero, formalizó una denuncia ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y se sometió a una valoración forense en el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), pasos fundamentales para avanzar en las investigaciones penales correspondientes.
La ANPB y CSTPB resaltaron que los testimonios recabados revelan una clara intención homicida detrás del atentado, descartando cualquier interpretación que lo considere como un caso aislado o meramente un episodio más dentro del contexto generalizado de inseguridad ciudadana. Además del daño físico infligido, los agresores sustrajeron herramientas fundamentales para el desempeño profesional del comunicador, lo cual refuerza aún más la hipótesis sobre el propósito específico del ataque: obstaculizar su labor informativa.
Este episodio se inscribe dentro de una preocupante serie de actos violentos dirigidos contra periodistas en Bolivia. Las organizaciones denunciantes alertan sobre un patrón persistente alimentado por altos niveles de impunidad. La falta reiterada de investigaciones rápidas, independientes y transparentes frente a agresiones anteriores genera un clima propicio para que se repitan ataques similares sin consecuencias legales para los responsables.
Ante esta situación crítica, ambas entidades hicieron un llamado urgente a las autoridades estatales para que actúen con prontitud y rigor en la investigación del caso. Exigieron además que se garantice una pesquisa exhaustiva e imparcial capaz no solo de identificar y sancionar a los autores materiales sino también a quienes pudieran haber planeado o instigado este atentado. Asimismo, reclamaron medidas efectivas y permanentes para proteger al periodista víctima del ataque así como a su núcleo familiar.
El pronunciamiento oficial fue emitido desde La Paz el 15 de febrero y representa una nueva manifestación pública del sector periodístico boliviano demandando condiciones mínimas indispensables para ejercer su profesión con seguridad y libertad. Este llamado refleja no solo preocupación por este caso particular sino también por el estado generalizado en que se encuentra la protección a quienes desempeñan labores informativas en Bolivia, resaltando así la necesidad imperiosa de fortalecer mecanismos institucionales orientados a garantizar derechos fundamentales como la libertad de prensa y seguridad personal
