El Congreso de Perú decidió este martes destituir al presidente interino José Jerí mediante una serie de mociones de censura, marcando así un nuevo episodio en la inestabilidad política que ha caracterizado al país en los últimos años. Este movimiento convierte a Jerí en el octavo mandatario en ser reemplazado en menos de una década, un dato que refleja la volatilidad institucional y la compleja situación política que atraviesa Perú, especialmente cuando faltan menos de dos meses para las próximas elecciones generales.
José Jerí llegó a la presidencia interina tras ocupar el cargo de presidente del Congreso. Ascendió al Ejecutivo en octubre pasado para relevar a Dina Boluarte, quien a su vez había sido destituida meses antes. Su mandato, inicialmente planteado para conducir al país hasta las elecciones previstas, se vio truncado por las investigaciones en su contra y las tensiones políticas que se acrecentaron durante sus cuatro meses al frente del Gobierno.
El apoyo político hacia Jerí fue mayoritariamente escaso dentro del Congreso. Únicamente el partido fujimorista, que es la bancada más numerosa del hemiciclo peruano, manifestó respaldo explícito hacia él. Sin embargo, esta alianza no pudo impedir su caída, especialmente ante la gravedad de las investigaciones abiertas por la Fiscalía. Entre las acusaciones más relevantes figura el presunto tráfico de influencias; se le señala por mantener reuniones clandestinas con empresarios chinos vinculados a contratos estatales y con vínculos directos a la oficina presidencial.
La polémica alrededor de Jerí se intensificó luego de que se difundieran imágenes captadas por cámaras de seguridad donde aparece visitando un restaurante chifa —establecimiento típico peruano-chino— propiedad del empresario Zhihua ‘Johnny’ Yang. En dichas imágenes, Jerí aparece encapuchado durante una cena el 26 de diciembre, lo que sugiere un intento deliberado por evitar ser reconocido públicamente. Además, se reveló que también acudió a ese mismo local días después, el 6 de enero, poco tiempo después de que las autoridades municipales clausuraran el establecimiento por incumplir normativas locales.
A estas irregularidades se sumaron denuncias relacionadas con contrataciones irregulares dentro del entorno presidencial. Se conoció que varias funcionarias contratadas habían sostenido reuniones privadas con Jerí en el Palacio de Gobierno durante horarios poco habituales; una incluso permaneció en la sede presidencial durante toda la noche de Halloween según registros oficiales. Estas circunstancias alimentaron aún más las sospechas sobre posibles actos irregulares y favorecimientos dentro del aparato estatal.
La trayectoria política de José Jerí es también objeto de análisis dentro del contexto actual. Fue electo congresista suplente en 2021 tras obtener más de 11.600 votos y sustituyó al expresidente Martín Vizcarra tras su inhabilitación. Su ascenso fue notablemente rápido: pasó de ser un legislador poco conocido perteneciente al partido derechista Somos Perú a presidir comisiones parlamentarias y luego asumir la presidencia del Congreso, antes de llegar al Ejecutivo nacional tras la destitución de Boluarte.
Cabe destacar que antes de asumir la presidencia del Congreso, Jerí enfrentó otras acusaciones graves. El fiscal general interino archivó una denuncia por violación supuestamente ocurrida a finales del año anterior; además, ha sido señalado por presunto enriquecimiento ilícito y por solicitar sumas económicas a cambio de impulsar proyectos legislativos desde la comisión de Presupuesto. Estas denuncias contribuyeron a erosionar su imagen pública y política.
Tras la destitución definitiva del presidente interino, el Parlamento peruano enfrenta ahora un desafío crucial: decidir quién asumirá la Presidencia hasta las próximas elecciones generales. Entre los nombres que circulan con mayor fuerza destaca Maricarmen Alva, una figura controvertida vinculada al sector derechista y quien ya presidió el Congreso en 2021. Alva fue una voz destacada en la oposición contra el expresidente Pedro Castillo y su eventual ascenso podría marcar un giro significativo en el rumbo político inmediato del país.
Esta nueva remoción presidencial pone nuevamente bajo la lupa los desafíos institucionales peruanos y refleja la profunda crisis política que afecta a una nación acostumbrada a frecuentes cambios abruptos en sus liderazgos ejecutivos. La población observa con preocupación cómo estos vaivenes políticos pueden repercutir directamente sobre la gobernabilidad y estabilidad social cuando restan pocas semanas para definir democráticamente el futuro gobierno nacional mediante las elecciones convocadas para este año
