Perú atraviesa una nueva etapa de inestabilidad política tras la destitución de José Jerí, quien se convierte en el séptimo presidente en ser removido del cargo en la última década. Esta situación refleja un patrón persistente de crisis institucional que ha marcado al país en los últimos años, afectando la confianza ciudadana y la gobernabilidad. El cese de Jerí se produjo luego de apenas 130 días en funciones, periodo en el que su administración estuvo envuelta en múltiples controversias que erosionaron rápidamente su legitimidad y respaldo tanto en el Congreso como entre la población.
El Congreso peruano fue el actor principal en la salida del mandatario, tras un prolongado debate que duró más de cuatro horas y que culminó con la aprobación de una moción de censura por amplia mayoría. La votación final arrojó 75 votos a favor del cambio, frente a 24 en contra y 3 abstenciones, evidenciando un consenso mayoritario para poner fin al actual gobierno. Antes de esta decisión, hubo un intento por parte de algunos legisladores para bloquear la moción y optar por el proceso de vacancia presidencial, lo que hubiera extendido el tiempo para una posible remoción hasta marzo; sin embargo, esta estrategia fue rechazada por la mayoría parlamentaria, acelerando así el desenlace político.
Uno de los detonantes principales de esta crisis fue el denominado “Chifagate”, un escándalo que expuso vínculos cuestionables entre Jerí y Zhihua Yang, un empresario con contratos millonarios otorgados por el Estado y considerado operador del llamado “Club de la Construcción chino”. La situación se agravó cuando se difundieron imágenes del presidente ingresando encapuchado a un restaurante ubicado en San Borja sin registro oficial alguno. Esta acción generó suspicacias y desató una ola de críticas que pusieron en tela de juicio la transparencia y ética del jefe del Ejecutivo. A pesar de las diversas versiones ofrecidas por Jerí respecto al motivo del encuentro, así como sus disculpas públicas, el daño a su imagen fue profundo e irreversible. Encuestas realizadas por Ipsos reflejan esta percepción negativa con un 78% de los peruanos señalando indicios claros de corrupción vinculados al mandatario.
La crisis política se intensificó aún más cuando salieron a la luz denuncias relacionadas con aspectos personales del presidente. Reportajes periodísticos revelaron que Jerí organizaba fiestas privadas donde participaban congresistas, ministros y personas presuntamente relacionadas con una red vinculada a actividades ilícitas dentro del Congreso. Además, se documentaron visitas frecuentes al despacho presidencial y parlamentario por parte de jóvenes que posteriormente obtuvieron contratos estatales. La filtración de imágenes y mensajes intercambiados entre Jerí y algunas colaboradoras contribuyó a profundizar el descrédito sobre su gestión y aumentó las dudas sobre su conducta ética.
Ante este escenario complejo, la Constitución peruana establece procedimientos claros para garantizar la continuidad institucional tras la destitución presidencial. En este caso, corresponde al Pleno del Congreso convocar a una sesión extraordinaria para elegir a un nuevo presidente del Parlamento. Este nuevo líder asumirá interinamente la jefatura del Estado hasta que se realice oficialmente la transmisión del mando prevista para el 28 de julio. El presidente del Congreso actual anunció que esta elección se realizará este mismo día a las seis de la tarde, marcando así un paso decisivo hacia la estabilización política aunque sin resolver completamente las tensiones existentes.
Esta sucesión abrupta pone nuevamente sobre la mesa los desafíos estructurales que enfrenta Perú para consolidar un sistema político estable y confiable. La repetida interrupción presidencial genera incertidumbre tanto a nivel interno como internacional, afectando aspectos fundamentales como las políticas públicas, inversiones y confianza ciudadana en las instituciones democráticas. La población peruana observa con atención cómo se desarrollan estos acontecimientos y espera respuestas claras que permitan superar esta etapa convulsa sin sacrificar los principios democráticos ni los valores éticos esenciales para gobernar efectivamente. En definitiva, esta nueva crisis política constituye un punto crítico para entender las dificultades actuales que atraviesa Perú en su camino hacia una gobernabilidad sólida y transparente
