El departamento del Beni ha decidido llevar a cabo un paro cívico de 24 horas este viernes 20 de febrero, en una medida de protesta que busca presionar al Gobierno nacional para que garantice el suministro de gasolina especial en la región. Esta movilización surge como respuesta a la preocupación creciente entre los habitantes y usuarios de vehículos, quienes han reportado daños significativos en sus motorizados debido al uso del carburante plus, que actualmente se les está distribuyendo.
El presidente del Comité Cívico del Beni, Hugo Aponte, ha sido una voz clave en la articulación de esta protesta. Según explicó, desde el 8 de enero pasado se han venido presentando denuncias formales sobre las consecuencias negativas que el carburante plus está generando en los vehículos con dos, tres y cuatro ruedas. Pese a estas reiteradas advertencias y solicitudes, las autoridades nacionales no han respondido ni han tomado medidas concretas para resolver la situación, lo que ha profundizado la frustración y descontento en la población local.
La problemática afecta a seis provincias dentro del departamento del Beni, con excepción de Ballivián y Vaca Diez, donde sí se recibe la gasolina especial que demanda la población. Además, el departamento vecino de Pando también cuenta con acceso a este tipo de combustible, lo que evidencia una desigualdad significativa en el abastecimiento entre diferentes zonas geográficas. Esta disparidad es uno de los puntos más cuestionados por los dirigentes cívicos y los ciudadanos afectados, quienes consideran que el suministro desigual está generando un daño económico directo al deteriorar sus vehículos.
El paro cívico convocado no solo refleja un reclamo por un insumo básico como es el combustible adecuado para el funcionamiento correcto de los vehículos; también pone en evidencia una problemática mayor relacionada con las políticas públicas de distribución energética y su impacto en regiones específicas. La movilización busca llamar la atención sobre la necesidad urgente de implementar soluciones que eviten daños materiales a los usuarios y garanticen igualdad en el acceso a recursos esenciales.
En paralelo a esta protesta, el Gobierno nacional ha autorizado recientemente a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y a las refinerías a importar petróleo para asegurar el suministro de combustibles. Sin embargo, este anuncio no ha mitigado las preocupaciones ni ha ofrecido una solución inmediata al problema puntual del carburante plus que se distribuye en buena parte del Beni. La falta de respuesta efectiva hacia las denuncias locales resalta un vacío importante entre las decisiones gubernamentales y las necesidades reales sobre el terreno.
La decisión del paro cívico implica un llamado urgente para que se atienda la demanda específica por gasolina especial en todo el departamento, con vistas a evitar mayores perjuicios económicos y técnicos para los propietarios de vehículos. Más allá del impacto inmediato sobre la movilidad y actividades cotidianas durante la jornada del paro, esta medida también subraya la importancia de establecer canales efectivos de comunicación entre autoridades nacionales y regionales para gestionar recursos estratégicos como los combustibles.
En definitiva, lo ocurrido en el Beni refleja un desafío crucial para garantizar no solo el acceso equitativo a insumos energéticos sino también para proteger la inversión y seguridad económica de miles de personas cuya vida diaria depende del buen funcionamiento de sus motorizados. La respuesta gubernamental ante esta manifestación será clave para definir si se logra superar esta crisis local o si persisten tensiones derivadas del desabastecimiento diferencial dentro del territorio nacional
